México necesita, sin dilaciones, mecanismos que garanticen la seguridad y la justicia.
Es un hecho que se ha avanzado notablemente en este tema; las reformas constitucionales de junio de 2008 y junio de 2011 marcan un antes y un después en la historia de la justicia y del derecho en nuestro país.
Los propósitos fundamentales de éstas, en particular la del 2008, son modernizar y hacer más eficaz y transparente la procuración y administración de justicia al generar un servicio más eficiente, más expedito, más respetuoso de los derechos fundamentales y con mayor acceso a la justicia tanto para víctimas como para imputados.
Con ellas se ha dado la pauta para la transformación del sistema de justicia penal; se han incorporado instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de transparencia y rendición de cuentas; ambas orientan su sentido al fortalecimiento y profesionalización de todos los actores que intervienen en el sistema de justicia penal y naturalmente de la propia sociedad.
Para contribuir e impulsar el logro de estos propósitos en el presente documento se proponen dos líneas estratégicas:
1. El sistema de justicia penal
México requiere asegurar la existencia de instituciones capaces de realizar investigaciones de calidad y de garantizar que exista imparcialidad en la aplicación de la ley. Para estos efectos, la reforma del 2008 está orientada a reducir los tiempos de procesamiento y aumentar la capacidad del sistema para atender las necesidades de la sociedad y de quienes están sometidos a un proceso; pero aún falta mucho por hacer. Desde el punto de vista del sistema penitenciario, se busca racionalizar el empleo de las medidas cautelares, en particular, el de la prisión preventiva que permita dar un uso racional a la penas, a partir del debido proceso y el cabal cumplimiento al principio de presunción de inocencia. Finalmente, la reforma obliga a partir de la publicidad y oralidad a la transparencia del proceso, cuyas exigencias hacen inminente la profesionalización de los operadores y la generación de incentivos para mejorar la calidad de los procesos y reducir la corrupción. Del Estado depende establecer un sistema de reinserción social. Si el sistema no es eficaz, el delincuente reincidirá. En México, el 30% de la población en reclusión ya había estado en la cárcel. (EPER, CIDE, 2009)
Es a través del fortalecimiento institucional donde podremos combatir la corrupción y la impunidad que han arrastrado a nuestro país a un estado de inseguridad, injusticia y violencia que no podemos tolerar más. México no admite espera.
2. Seguridad Ciudadana
A partir de la comprensión de la problemática actual y el contexto global de la situación nacional, se vuelve un imperativo para México el planteamiento de propuestas concretas de acción inmediata.
De nosotros depende hacer o no la diferencia, de nosotros depende no acostumbrarnos a vivir en la plena desconfianza; de nosotros depende no confundir el statu quo con gobernabilidad.
De manera paralela, el Estado debe contribuir en la inversión en el área preventiva sustentada en la dignidad de los ciudadanos y en el arraigo de prácticas, hábitos y conductas que contribuyan a fomentar el aprecio y respeto por la norma.
Para garantizar la cultura de la legalidad en la República Mexicana se debe partir de la difusión y el conocimiento generalizado de la ley, restableciendo la Constitución como principio y la ley como guardia de principios. Logrando de esta forma que los mexicanos reconozcamos nuestro papel como actores y observadores por medio de la sanción cultural y del Estado por medio de la sanción legal, frente al incumplimiento de normas. En el caso específico de la Seguridad Ciudadana se deben promover mecanismos efectivos de control social que apoyen la sanción legal para disminuir la corrupción y la impunidad.
Sin lugar a dudas un elemento clave en el que sustenta el contenido de este documento es el compromiso nacional, no sólo para su ejecución sino para los estándares que implican; de otra forma, cada entidad aplicará a su manera los procesos vertidos en las dos reformas (2008 y 2011) y podrá generarse el riesgo de implementaciones mal hechas o incompletas o que generen una percepción errónea del sistema integrado, asociado y funcional.
Pero no podemos soslayar nuestra corresponsabilidad en la contribución para la reconstrucción de la comunidad nacional, desgarrada por el crimen y la violencia; solamente a través del fortalecimiento de las instituciones se logrará restablecer la confianza entre nosotros y en sus instituciones de impartición de justicia y provisión de seguridad.
Con la convicción de que juntos, ciudadanos y partidos políticos, instituciones gubernamentales y organizaciones civiles, educados en los ideales humanitarios de justicia, paz e igualdad debemos asumir el reto de la construcción del mejor país que podemos ser.
Con estos criterios, se ha creado la Agenda México 12.18, que, teniendo por cimiento la dignidad de la persona, tiene por objetivo puntualizar los elementos que, desde la ciudadanía, consideramos como condiciones sine qua non para lograr un México más seguro y más justo.
