​El nuevo gobierno federal ha señalado en diversas

ocasiones que su política de seguridad corresponde a un enfoque de seguridad

ciudadana. ¿Pero a qué se refieren cuando hablan de seguridad ciudadana en

lugar de seguridad pública? Son dos modelos distintos.

El gobierno federal ha anunciado que focalizará su

estrategia en la disminución de delitos de alto impacto, lo cual es muy

rescatable, pues la resolución de casos de alto impacto repercute en la

disminución de la percepción de inseguridad. Ahora bien, una estrategia de

seguridad ciudadana no deberá descuidar el resto de los delitos, que tendrán

que ser juzgados a través del nuevo sistema de justicia y, sobre todo,

prevenidos desde una estrategia multisectorial. Además de disminuir la

incidencia delictiva, debe impulsarse la convivencia ciudadana.

Para la seguridad pública, el Estado y sus instituciones

son los responsables de garantizar el orden público. Para la seguridad

ciudadana, sociedad y gobierno son corresponsables en la construcción de

mejores condiciones de seguridad y convivencia. Un pacto firmado entre

instituciones del Estado es un pacto por la seguridad pública, no por la

seguridad ciudadana.

La gestión de la seguridad pública es burocrática y

jerárquica. Desde el modelo de seguridad ciudadana, dicha gestión incluye el

control ciudadano y promueve la transparencia y rendición de cuentas. Una

política de seguridad subordinada a un mando político o militar no es afín al

modelo ciudadano. Desde el modelo de seguridad ciudadana, los civiles pasan a

ser sujeto y objeto de las políticas de seguridad. Es de rescatar la reaparición

de la prevención como un foco de atención de las autoridades; sin embargo, la

participación de la ciudadanía no se agota en la denuncia. Una ciudadanía

partícipe es aquella que actúa en la generación de indicadores, supervisa

diversos procesos, pide a la autoridad le rinda cuentas, por ejemplo, en los

servicios policiales.

Una de las diferencias fundamentales entre los modelos de

seguridad pública y de seguridad ciudadana radica en la identificación de sus

amenazas. A la seguridad pública le interesa combatir el crimen, a la seguridad

ciudadana le interesa tutelar los derechos de los ciudadanos. Identificar los

riesgos y amenazas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la seguridad

requiere de un diagnóstico de las condiciones y necesidades de los ciudadanos.

No es posible tampoco anunciar una política de seguridad

ciudadana de la mano de una Gendarmería Nacional (de carácter militar). Desde

el modelo de seguridad pública, los conflictos se resuelven con la fuerza del

Estado; para la seguridad ciudadana tales conflictos implican la aplicación

gradual y controlada de la fuerza, priorizando mecanismos de resolución no

violenta.

Una opción pertinente sería fortalecer a la Policía

Federal, recuperando sus virtudes y corrigiendo sus carencias con la

implementación de controles internos, mecanismos de transparencia, rendición de

cuentas y supervisión ciudadana. A su vez, un paso importante sería el

fortalecimiento del modelo de desarrollo policial. No hemos escuchado

propuestas en este sentido.

Si el gobierno federal en realidad tiene un modelo de

seguridad, es un modelo bipolar, que habla de seguridad ciudadana pero actúa

con enfoque de seguridad pública.

Presidenta de Causa en Común, AC 

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