Ciudad de México.- A marchas forzadas y sin el aval del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el gobierno federal alista la construcción del Memorial a las Víctimas de la Violencia. El objetivo es tenerlo listo para que el presidente Felipe Calderón lo inaugure antes de entregar la banda presidencial el 1o. de diciembre. El mausoleo es una serie de 15 paneles de acero inoxidable que funcionan como espejos con una laguna con rejilla en el centro. Su ubicación en un predio que pertenecía a las instalaciones militares de Campo Marte y la negativa del gobierno de censar a los más de 60 mil muertos de la guerra orillaron al poeta Javier Sicilia a romper las negociaciones que entabló el año pasado con el Ejecutivo. Ahora, tres organizaciones son las responsables de la construcción del proyecto: la Asociación Alto Al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; México SOS, de Alejandro Martí y Camino a Casa, de Patricia Prado. El origen Wallace fue la primera en solicitar un monumento a Calderón cuando recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2010, para recordar a su hijo y a víctimas del secuestro. "Le hago una respetuosa petición para construir un memorial con los nombres de Hugo Alberto Wallace, Silvia Vargas, Fernando Martí, el niño Equihua y todos los nombres de las víctimas que han sido secuestradas y que perdieron la vida", señaló. La solicitud no encontró eco. La idea cayó en el olvido, hasta el 23 de junio de 2011, en el primer diálogo de Calderón con el Movimiento por la Paz, celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Julián Le Barón y Javier Sicilia se lo volvieron a plantear. Ese día, Le Barón entregó al Presidente algunas placas con nombres de asesinados y le comentó que estaban pensando en hacer un memorial a las víctimas. "Le solicito que se haga un fideicomiso para que se hagan las placas y este monumento a la memoria, creo que nosotros estamos apoyando eso, ¿o prefieren que lo hagamos los ciudadanos?", preguntó Sicilia. Calderón se comprometió a entregar una bolsa de recursos proveniente de bienes confiscados a narcotraficantes: "hicimos un fideicomiso con la lana que estamos decomisando y eso lo tenemos en algún reglamento ¿no?", preguntó a la procuradora Marisela Morales, y después prometió: "hicimos un fideicomiso precisamente para ayudar a víctimas a resarcirles el daño, creo que este fideicomiso puede enriquecerse o aportarse para que también contribuya al propuesto de las placas, con mucho gusto". Las negociaciones El Ejecutivo y las organizaciones instalaron mesas de negociación en las que además del memorial se discutían la aprobación de una Ley General de Víctimas y la creación de una Procuraduría de Atención a las Víctimas. En marzo, Sicilia puso sobre la mesa una propuesta de memorial, cuyo costo fue valuado en 30 millones de pesos. Elaborada por el arquitecto catalán Miquel Adriá y su empresa Arquine, planteaba llevar a cabo un concurso de varios meses, en el que un jurado de personalidades reconocidas designarían a un ganador luego de una amplia convocatoria, diálogos y encuentros públicos en todo el país con víctimas y familiares. Se contemplaba como lugar de emplazamiento un terreno de 17 mil metros cuadrados ubicado al sur de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la fuente abandonada de Leonora Carrington y de frente a la Avenida Constituyentes. El calendario establecía que las bases del concurso se darían en mayo; los convenios con la Presidencia, el Gobierno del Distrito Federal y el Bosque de Chapultepec en junio; la convocatoria en julio; la presentación de propuestas entre julio y septiembre y el fallo del jurado en octubre. El jurado estaría integrado por un presidente y seis miembros (tres arquitectos, un artista, un literato, un activista y un intelectual). En la lista de 30 personas propuestas, figuraban por ejemplo el cineasta Alejandro González Iñárritu, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, el escritor Juan Villoro, el historiador Enrique Krauze, el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente y la periodista Carmen Aristegui. "Lo presentamos al Fideicomiso /Patronato del Bosque de Chapultepec. Primero lo objetaron, luego lo aceptaron. Pero se cruzó la agenda presidencial. Con nuestro proyecto, Calderón cumplía con su palabra y la construcción quedaba para el próximo año (2013), con el dinero blindado en un fideicomiso. Pero después se cerró la negociación y recibieron indicaciones que el Presidente quería inaugurar algo terminado", asegura Adriá en entrevista telefónica desde Barcelona. Discrepancias La ex candidata del PAN al gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, reconoce que se opuso al proyecto del Movimiento por la Paz por los tiempos. "Ellos proponían que se hiciera una convocatoria que llevaba meses, y no teníamos tiempo; entonces dijimos: 'diseñen algo, nos lo presentan y nos ponemos de acuerdo', pero realmente me pareció que si no se hacían las cosas como ellos querían, en el lugar que ellos querían y en la forma en que ellos querían, bueno pues no había mucho qué hablar y ellos se retiraron de la mesa de las negociaciones", afirma en entrevista. Así fue como la organización que dirige Wallace, más México SOS y Camino a Casa se quedaron con el proyecto. Estas tres organizaciones coincidieron con el Ejecutivo en no incluir en el memorial los nombres de las miles de víctimas generadas por la política de seguridad de Calderón. Para Sicilia, éste era un punto irrenunciable: "es una obligación del Estado hacer este recuento, ese es el principio de un memorial, empezar a darle un nombre a todos esos muertos, después saber de dónde vienen, quiénes son, cómo murieron, y después hacer un memorial, todos los memoriales que se respetan tienen los nombres", subrayó hace un mes, en una videoconferencia desde Estados Unidos. A esa diferencia se sumó otra con la que se rompieron definitivamente las negociaciones: la ubicación. La Presidencia de la República propuso un terreno adyacente al Campo Marte, un sitio emblemático para las Fuerzas Armadas. Silvano Cantú, director de incidencia de la Comisión Mexicana y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) e integrante del Movimiento por la Paz, considera que el sitio constituye una provocación. "Calderón levanta un memorial amorfo, sin dedicatoria, sin respeto por la memoria de aquellas personas que han sucumbido a la violencia, y además lo hace en el terreno de los principales victimarios, hay que recordar que durante este sexenio la Sedena se convirtió en la dependencia de gobierno número uno en recibir quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un incremento de más de mil por ciento", denuncia. Karla Michell, abogada de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, sostiene que el gobierno de Calderón ya había manifestado resistencias a honrar a víctimas del Estado mexicano. En el caso del Campo Algodonero, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaba erigir un monumento en memoria a las víctimas de la violencia de género de esta ciudad fronteriza. "En su sentencia del 10 de diciembre de 2009, la CIDH fijó como plazo un año para que se construyera el monumento y el gobierno ofreciera disculpas públicas a las familias de las víctimas por su responsabilidad. Sin embargo, el plazo no se cumplió. Se hizo una inauguración el 6 de noviembre de 2011 en la que no asistieron las familias de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González porque no estaba concluido y no se respetaban los acuerdos de incluir los nombres de las mujeres asesinadas en Juárez. Y apenas el 30 de agosto se realizó otro acto con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y el gobernador César Duarte", subraya. Un caso similar es el de Rosendo Radilla, el líder social de Guerrero desaparecido en un retén militar en 1974. En su sentencia del 23 de noviembre de 2009, la CIDH ordenó al Estado mexicano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos y en desagravio a la memoria del líder social, y colocar en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa conmemorativa de su desaparición forzada. La ceremonia se realizó el 16 de noviembre de 2011, la encabezó el encargado temporal de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, y la canciller Patricia Espinosa, pero sin la presencia de la familia por haber sido notificada apenas un día antes. La hija, Tita Radilla, reprochó que no se dio cumplimiento a la parte central de la resolución relativa a continuar con la búsqueda y localización de Radilla o, en su caso, de sus restos mortales. Concurso exprés Con el Movimiento por la Paz fuera de las negociaciones, las organizaciones integradas en el Consejo Consultivo de Províctima firmaron un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el Ejecutivo. Mientras en el mundo monumentos similares tardaron casi una década en edificarse, en este caso la meta impuesta fue lograrlo en apenas 6 meses y con un presupuesto máximo de 30 millones de pesos. El 3 de julio lanzaron la convocatoria del concurso y el 30 de julio, un jurado encabezado por el ex vicepresidente de la Unión Internacional de Arquitectos, Jorge Rivero Borrel, declaró ganador a los arquitectos Ricardo López Martín, Julio Gaeta y Luby Springall. El costo de la obra fue estimado por sus autores en 22 millones 890 mil 846 pesos. "El jurado seleccionó la propuesta ganadora por el acertado planteamiento de una secuencia de muros simbólicos con el que se obtiene con claridad el sentido de remembranza y renovación emocional, solicitados como temas sustantivos del concurso", señala el fallo. Participaron también en el jurado los arquitectos, Juan José Astorga Ruiz, Desiree Martínez Uriarte, Augusto Álvarez Fuentes y Raquel Franklin; el director de ICA Ingeniería, David Yáñez Santillán, y dos representantes de víctimas: Fernando Ocegueda Flores, representante de la organización "Unidos por los Desaparecidos" con sede en Tijuana, y Jesús Ríos Flores, activista de la organización "Promoción de Paz" de Monterrey. Las organizaciones acordaron grabar en los paneles de acero frases de poetas, idealistas y filósofos relativas a la violencia para invitar a la reflexión. Luis Enrique López Cardiel, secretario ejecutivo del proyecto, explica que se trata de un memorial "atemporal" que no debe restringir el concepto de víctimas a las de este sexenio. "El caso de Javier Sicilia, de tratar de orientar al máximo el inicio y el término, excluía a una cantidad importante de víctimas de la violencia, y no solamente las que se hayan generado en este sexenio sino que la violencia es una actividad per se del ciudadano que no tiene por qué ser restringida a algún tiempo, en este caso la visión del enfoque social se abrió y se contextualizó en un proyecto de más amplia cobertura", justifica. Wallace subraya que no se pretende coartar la libertad de nadie y que los ciudadanos podrán colocar papeles para recordar a sus familiares. "Es importante que la gente que quiera poner el nombre de su familiar desaparecido, de su familiar caído en la violencia, pueda ir y lo pueda poner, o sea no queremos tener algo estereotipado, va a ser de mucha libre reflexión, y para nosotros es lo importante, que no les cuadremos a nadie qué debe de hacer y cómo debe de manifestarse", explica. Pero la ex candidata del PAN advierte que habrá límites: "lo único que estamos pidiendo es respeto en esta manifestación, porque si llega alguien y dice una cosa inapropiada en contra de algún funcionario pues me parece que no sería el lugar adecuado". Silencio oficial y prisas Mientras el gobierno federal guarda silencio sobre el proyecto, los encargados de construirlo aseguran que recibieron la orden de evitar que el memorial se convierta en otra Estela de Luz, por su retraso en la entrega y el sobrecosto de la obra. En un recorrido, se pudo constatar que trabajadores terminan de levantar una barda con rejas para delimitar el predio de 13 mil metros cuadrados del campo de las Fuerzas Armadas ubicado entre Paseo de Reforma y el Periférico Manuel Ávila Camacho. La Secretaría de Desarrollo Social adecúa el parque para permitir la colocación de los paneles. Luis Zamorano Ruiz, director general de equipamiento e infraestructura en Zonas Urbano Marginadas de la dependencia y encargado en el gobierno federal de supervisar el proyecto, se negó a dar una entrevista. Los arquitectos del proyecto no respondieron tampoco a la solicitud de Enfoque. La entrada principal será por Paseo de Reforma aunque se podrá acceder por cualquiera de sus tres costados, ya que se acordó no cercar el espacio. "Lo más importante era no correr los riesgos que corrimos en la Estela de Luz y evitar que este proyecto fuera algo incomprensible. Aquí no es construcción, es un parque que tiene algunos elementos significativos. Se pactó la terminación de este memorial para que antes de que termine Calderón su administración se inaugure. Puede ser un día antes, tres días antes", precisa el arquitecto López Cardiel. En tanto, el Movimiento por la Paz anunciará la integración de la Comisión Nacional de la Memoria, que recabará los nombres de las víctimas de la guerra y la constitución de una asociación civil que recaudará fondos para un memorial alterno. Fuente: Terra