Editorial de El Universal
La lucha contra el crimen organizado puede ya no ser
parte del discurso cotidiano del gobierno federal, pero la problemática sigue. La violencia aún asola varias regiones del país y las víctimas, por lo tanto, no dejan de acumularse. Proteger y resarcir el daño a quienes han padecido la delincuencia es lo menos que el Estado mexicano debe hacer por ellos.
Mañana entra en vigor la llamada Ley de Víctimas, la cual, entre otras cosas, obliga a las autoridades a dar asistencia, protección y reparar el daño ocasionado a los afectados por el delito. Es una demanda largamente solicitada por organizaciones civiles de víctimas del crimen.
La aprobación de esta ley es una buena noticia, un primer paso necesario. Ahora debe ajustarse para que pueda ser lo más efectiva posible. Porque incluso los promotores de la reforma reconocen que deben afinarse varios detalles.
Por ejemplo, hace falta plasmar a detalle cuáles serán los delitos sujetos a indemnización. No es lo mismo un robo o un fraude, que un secuestro o asesinato. Si bien en todos los casos el Estado tiene una responsabilidad de prevención y protección, sería inviable para cualquier institución y presupuesto pretender resarcir todos los agravios. Debido a lo anterior, habrá una comisión integrada por ciudadanos y expertos que evaluará la pertinencia de cada caso.
La reforma ofrece a la víctima el derecho de ofrecer pruebas, recurrir las resoluciones de los tribunales y presentar apelaciones contra sentencias absolutorias que beneficien a inculpados. Quitarle al Ministerio Público la exclusividad en un juicio es una medida que inhibe la corrupción. Sin embargo, habría que tomar en cuenta la duración, en nuestro obsoleto sistema penal inquisitorio, de los procesos penales. También son víctimas quienes han sido acusados, sin pruebas, de delitos por los cuales permanecen durante años en prisión preventiva.
La nueva reforma que los legisladores hagan a la Ley de Víctimas debe hacer estas ponderaciones sin quitar el dedo del renglón sobre la obligación del Estado de garantizar que los afectados no se queden solos después de ser agredidos. Los problemas de implementación detectados tendrían que ser resarcidos en corto tiempo. Suficiente demora de ayuda han padecido miles de personas en el país.
Estamos ante un tema generado en la administración federal pasada que no por ello deberá ser desatendido en este sexenio. La atención a las víctimas tiene aún un reto: atajar ambigüedades legales que podrían transformar una ley en una carta de buenas intenciones.
