Fuente: El Universal
Las cárceles de México van a los extremos, dice la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En algunas los criminales hacen lo que les place y delinquen sin freno. En otras, los detenidos —aun antes de que se sepa si son o no culpables— son sometidos a tratos que hacen imposible la readaptación.
Desde el 16 de enero pasado se han presentado cuatro motines en los penales de Guaymas, Sonora; Jojutla, Morelos; Islas Marías, Nayarit, y en el Centro de Reinserción Social de Los Cabos, Baja California Sur. Esto es evidencia, dice Andrés Calero, tercer visitador de la CNDH, del secuestro criminal contra los centros penitenciarios y del estado de abandono en que las autoridades federales y estatales mantienen estos sitios. Si no se hace algo urgente, alertó, al menos 60 penales del país podrían vivir episodios de violencia similares a los ya vistos.
La propia comisión hizo un balance devastador en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, tras inspeccionar 100 de los más de 400 centros penitenciarios del país. El autogobierno o cogobierno (criminales y autoridades) se da en 60% en las cárceles municipales y estatales del país, donde grupos de la delincuencia organizada mandan sobre los internos, dictan las normas de seguridad y gozan de privilegios. Los sentenciados con menor “experiencia” son quienes padecen la sobrepoblación, la falta de asistencia médica y la tortura.
El sistema carcelario, en el papel, busca la “readaptación social” de los internos. En la realidad se trata sólo de un lugar de confinamiento para el castigo. El problema es que ese castigo afecta por igual a secuestradores que a personas de bajos ingresos, presas por robar alimentos. Trata igual a asesinos que a inocentes recluidos sin pruebas.
Más de 40% de todas las personas que están en las cárceles de México están en juicio, es decir, no se tiene certeza de su culpabilidad. De acuerdo con una encuesta de 2009 del CIDE, elaborada en centros penitenciarios, 94% de los internos nunca vio orden de aprehensión al momento de ser capturados; uno de cada dos no tuvo un abogado (o persona de confianza) cuando hizo su declaración; 80% jamás pudo hablar con el juez.
Medidas como la construcción de nuevos centros penitenciarios son necesarias pero apenas parte de la solución. El sistema judicial mexicano en su conjunto debe transformarse para erradicar el abuso de la prisión preventiva, crear un verdadero esquema de readaptación y asegurarse que sólo quienes realmente lo merezcan estén en la cárcel.
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/02/63012.php
