Fuente: El Universal
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/06/70976.php
Ernesto López Portillo
Se dio a conocer el Informe País sobre la Calidad de la
Ciudadanía en México (IFE, Colmex, 2014). La hipótesis del estudio “es que la ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción que se puede caracterizar por su relación de desconfianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia; su desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas; y su desencanto por los resultados que ha tenido la democracia”. La investigación consigna que la policía merece 22% de confianza a nivel nacional, 14 puntos abajo en relación a 2010. Por otra parte, se publicaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (INEGI, 2014). Ahí se informa que el promedio nacional de satisfacción del servicio policial equivale al 25.8%, el contacto con las autoridades de seguridad pública registra el mayor porcentaje de experiencias de corrupción (50.6%), mientras que 9 de cada diez mexicanos perciben a las policías como instituciones donde la corrupción es una práctica frecuente y muy frecuente, ubicándose así por encima de cualquier otra autoridad.
Algo está completamente roto cuando la clase política y los gobiernos de un país llevan décadas prometiendo expresamente mejorar algo que sólo empeora: la policía. En 1994 llegaron al artículo 21 de la Constitución los primeros cuatro principios de actuación policial: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; en el 2008 se sumaron dos más: objetividad y respeto a los derechos humanos, al tiempo que se mandató el perfil civil, disciplinado y profesional para las instituciones policiales. Decorado normativo, carta de intención, referente simbólico, llámele como quiera, pero ese artículo y la realidad no tienen nada que ver. Norma y prácticas transitan en paralelo. Lo que confirman las evidencias empíricas citadas es que a nivel nacional han fracasado todos los esfuerzos por modernizar a la institución policial. Sólo quienes se benefician de su crisis crónica habrán de negarlo.
El asunto se reduce a uno sólo: la policía en general no está ayudando a procesar el conflicto en México. La policía es en general parte del conflicto. Las instituciones policiales están rotas porque rota está la confianza en ellas. Y se está vaciando lo que queda, según leemos en el Informe País; la confianza nacional en la policía cayó de 36 a 22% en sólo 3 años. Algo está completamente roto cuando el conflicto y la violencia se expanden al tiempo que la reserva de legitimidad policial —exigua de por sí— sólo sigue vaciándose. Hay dos opciones, el régimen político no quiere o no puede acusar recibo de la noticia y sus implicaciones y corregir a fondo, aún si se apilan por montañas las evidencias del fracaso. No hay más, desde la decisión política no se quiere o no se puede refundar a la policía. Ambas posibilidades son gravísimas desde luego. Mi experiencia muestra que hay rutinas políticas muy claras tanto de renuncia voluntaria como de incapacidad, pero el saldo es el mismo: la o el funcionario electo responsable político de la policía evade el ejercicio de su autoridad para forzar la transformación. La evidencia de la desconfianza es la más importante de todas porque la policía moderna y profesional en democracia vive precisamente de la confianza social. Ahí está el rompimiento mayor. Y qué decir cuando luego de años de aplicarse el llamado “control de confianza” para la certificación de las y los policías, no hay prueba alguna de que haya ayudado a sembrar confianza social hacia ella. La evidencia no miente. El sistema político mexicano no construye instituciones policiales confiables. Algo está completamente roto.
Director del Insyde
