​​Participación

Podemos esbozar una definición inicial de participación como la “intervención” de los individuos o de las comunidades en la vida pública de un país. Tomemos esta definición como punto de partida para exponer en qué sentidos la sociedad mexicana no tiene una cultura de la participación y para poder mejorarla posteriormente.

Es claro en qué sentidos una cultura de la participación es indispensable para conseguir una cultura de la legalidad: si los individuos tienen una participación activa en la vida pública del país, tendrá mucho más conciencia al momento en el que se les presente la oportunidad de violar alguna ley en vistas de una ganancia personal. En México no contamos con una cultura de la legalidad sólida, lo que apunta a una posible falta de participación ciudadana en la vida pública. Encuentro dos casos paradigmáticos en donde se hace patente esta falta de participación: en el proceso electoral y en el derecho procesal.

a) Falta de participación en las elecciones

El último censo de población muestra que en México hay una población de más de 112 millones de habitantes. Ahora, durante los últimos cuatro procesos electorales locales y federales (1997-2000-2003-2006) se han dejado de emitir más de 91 millones de votos, esto es, durante los últimos años han habido casi el mismo número de no votantes que la población actual de México. También, cifras del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Facultad de Derecho de la UNAM advierten que en 1997 se registró un abstencionismo de 42.31%; tres años después, alcanzó el 36.03%; aumentó la no participación a 58.32% en 2003 y en el pasado proceso electoral federal se colocó en 41%. Esto quiere decir que sólo poco más de la mitad de los 71 millones de votantes registrados votó este 2006 para elegir presidente y si se le compara con la población actual en México podemos ver que sólo el 36% de la población de hoy en día tuvo alguna participación para elegir al presidente y diputados locales que nos gobiernan hoy en día.

Aunado al abstencionismo electoral podemos considerar el fenómeno del voto nulo. Algunas personas públicas, especialmente los autodenominados “intelectuales” llaman a la población a anular su voto como una medida democrática para protestar “extraoficialmente” ante el sistema político electoral. Podemos considerar al voto nulo como el “hermano menor” del abstencionismo y, al igual que aquél, es inútil para querer mejorar la situación democrática de un país, sólo que el voto nulo se esconde y protege atrás de una pared de falso e ingenuo sentimiento democrático. A los políticos no les importa que la gente anule su voto, sólo en el caso extremo en el que el se registrara un abstencionismo (o nulidad de votos) cercano al 100% es que podría tener cierto efecto; sin embargo tales cifras son (en sentido pragmático) inalcanzables por lo que los seguirá habiendo siempre un ganador y un perdedor en las elecciones y todos recibirán una remuneración a costa de los ciudadanos. No es ninguna sorpresa, entonces, que el voto nulo sólo sea apoyado por la corriente que sigue a los llamados intelectuales mientras que politólogos y gente entrenada en ese ámbito no la recomiendan como una medida adecuada.

b) Juicios orales

Una discusión que se ha dado en el ámbito de las reformas jurídicas es la instauración de juicios orales: una reforma a la manera en la que se lleva el proceso en un juicio. Está claro que esta no es una falta de participación activa por parte de los ciudadanos pues se necesita primero de la reforma. El punto es que si se cambia el sistema procesal a un sistema de juicios orales, se podrá tener, al igual que en países anglosajones, un tribunal compuesto de ciudadanos libres, por lo que los criminales será juzgados por un grupo de conciudadanos participando activamente en la vida pública del país y no por un juez que quizá no tenga ganas de leer todos los documentos presentados a favor o en contra y, en tanto que es sólo una persona, se podrá comprar el resultado de un juicio con mayor facilidad.

Es claro como la participación ciudadana ayuda a conseguir una cultura de la legalidad. Sin embargo, es más fácil conseguir una cultura de la participación si instauramos un punto de partida comunitario en lugar de uno liberal pues en una sociedad comunitaria la participación ciudadana no se llevaría a cabo sólo como una intervención en la vida pública por sí misma, sino que (dada la posición comunitaria) los ciudadanos participarían en la vida pública  porque es algo les compete de suyo pues no hay una distinción clara entre vida pública y vida privada.