Sr. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa.
Sr. Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
Diputado Oscar Martín Arce Paniagua; Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Sr. Lic. Ernesto Canales Santos; Presidente de RENACE.
Sr. Lic. José Guadalupe Osuna Millán; Gobernador de Baja California.
Dr. Alejandro Alfonso Poiré Romero; Secretario de Gobernación.
Ing. Genaro García Luna; Secretario de Seguridad Pública.
Mtra. Marisela Morales Ibáñez; Procuradora General de la República.
Excelentísimo Sr. Roberto Ampuero Espinosa; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Chile en México.
Excelentísimo Sr. Earl Anthony Wayne; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en México.
Amigos queridos de la Red Nacional Pro Juicios Orales.
Señoras y señores.
Hace 5 años, el 9 de marzo de 2007, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República la iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Penal.
Se trata, sin duda, de una visionaria, oportuna y valiente reforma que se sustenta en la impostergable modernización del sistema penal, el cual ha enfrentado un grave rezago tanto en el ámbito federal, como en el local.
El diagnóstico era claro: el sistema de justicia penal se había rezagado de tal manera, que se hizo incompatible con la nueva democracia que los mexicanos decidimos darnos.
Democracia, en las urnas y en el sistema de equilibrio de Poderes; y corrupción, impunidad, tortura e ineficiencia en la barandilla.
No puede haber una democracia estable, con un sistema de justicia profundamente corrupto y violatorio de los derechos humanos.
En la actual coyuntura electoral, los ciudadanos decidimos no frenar nuestro impulso. Entregamos a los aspirantes a la Presidencia de la República la Agenda México 12.18, cuyos ejes son, precisamente, la instrumentación de la reforma penal y la seguridad ciudadana.
Esta asignatura no termina y no puede terminar con esta administración. Los ciudadanos continuaremos generando mecanismos de seguimiento a la implementación, y ofrecemos para ello nuestra colaboración comprometida y madura. Aún nos quedan cuatro años para culminarla y ahí estaremos, con quien llegue, sin descanso.
Tomaremos las mejores ideas vengan de donde vengan. A los ciudadanos no nos presionan los intereses de los partidos.
Se cumplen cuatro años, del plazo de ocho, marcados para implementar la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal. Y ello merece hacer un alto en el camino para evaluar si lo que tenemos hoy es lo que el país necesita y al ritmo de lo que los ciudadanos demandamos.
El estado de las instituciones de justicia, particularmente en las entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma.
Y es que el problema real, señoras y señores, es que esos políticos son de miras muy cortas, no se han dado cuenta que los ciudadanos hemos cambiado, que el país es otro. Esta clase de gobernantes asumen las propuestas de reformas como una amenaza a su proyecto político.
A lo que en realidad se oponen, debe decirse, es al mejor bienestar de los mexicanos. No hay capacidad para entender que el país es primero, porque lo asumen como un botín. Digámoslo así: el país y nosotros, nuestro bienestar y futuro como nación, están secuestrados por los intereses de una clase política con un ADN profundamente antidemocrático.
Debemos reconocer también que resulta alentador saber que la viabilidad de la Reforma Penal no está en duda, pese a que distinguidos constitucionalistas la calificaron de racista, aberrante y regresiva. Otros, con visión apocalíptica, dijeron que implicaba “el desmantelamiento del Estado Constitucional del Derecho".
Nunca he tenido más claro que, como decía Benjamín Franklin: “Los que cambian su libertad por su seguridad no merecen libertad ni seguridad”.
La realidad de nuestro México nos había rebasado: una creciente cifra negra en los delitos lo constataba, la lentitud, complejidad y burocracia en los juicios la hacían evidente y la corrupción e impunidad, la hacían insoportable.
El hartazgo ciudadano se fue acumulando porque era evidente que la justicia servía al mejor postor, cuando debía aplicarse a todos, sin distingo.
Desde nuestra perspectiva ciudadana vemos como una gran oportunidad la reforma penal. Se trata probablemente de la reforma más ambiciosa desde la Constitución de 1917.
Sin duda dejará las bases del México que queremos, en el que la justicia sea realmente expedita, oral y transparente.
Hace tres años, Señor Presidente, cuando realizamos el Primer Foro de Seguridad con Justicia, usted se sumó con su presencia y firme apoyo a este esfuerzo ciudadano por impulsar la implementación de la reforma. En ese entonces solamente dos estados se habían adelantado –con aciertos y errores- a su implementación.
Hoy, en este cuarto foro, reforzamos la lucha que a nivel nacional impulsamos desde la Red de Juicios Orales, Renace, México SOS y muchas instituciones para incidir en los actores políticos y lograr la implementación de la reforma en la totalidad del territorio mexicano, sin distinciones partidistas o ideológicas.
En estos cuatro años hay resultados claros. Algunos importantes y otros, poco alentadores.
De los 32 estados de la República sólo tres operan totalmente la reforma; ocho la operan parcialmente; cinco tienen aprobado por sus congresos locales el Código Penal Estatal y cuatro cuentan con legislación aprobada para operar el nuevo sistema a partir del 2013.
Sin embargo, existen aún 18 entidades que no han implementado el nuevo sistema. Es decir, a los gobernadores de 18 estados no les interesa generar condiciones de mejor justicia para sus ciudadanos. Se trata de más de la mitad de las entidades del país.
En 2012, se canalizaron a los estados, de manera global, más de 440 millones de pesos. En consecuencia, los recursos no pueden ser una justificación y, en todo caso, deberá explicarse ese subejercicio.
Otro punto importante se refiere a quienes serán los futuros operadores del nuevo sistema. Por ello es importante que todas las universidades y escuelas de derecho capaciten a los futuros abogados y se sumen a este esfuerzo.
Sabemos hoy que la Suprema Corte se está reuniendo con todas las universidades y escuelas de derecho del país para incidir en la adopción de un Plan de Estudios Tipo relacionado con el nuevo sistema.
Relaciono otros logros que nos estimulan a seguir impulsando la reforma:
El Poder Judicial de la Federación creó ya la Unidad de la Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo –aun sin aprobarse- y Derechos Humanos; la Procuraduría General de la República puso en operación la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la oficina de la señora Procuradora.
Se han generado lecciones de estados que valientemente han impulsado modelos que han servido de referente para animar a otras entidades a lanzarse a cumplir este mandato constitucional.
Justo es reconocer también la decidida voluntad de algunos gobernadores, procuradores estatales y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de rectificar decisiones tomadas previamente en torno a la implementación de la reforma, a fin de reencauzarlas.
Tales avances por medio de los juicios orales comienzan a producir casos de éxito. Se trata de casos reales con historias y rostros reales, que propician la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones y eso es fundamental para el fortalecimiento institucional y la vigorización de nuestra democracia.
En la práctica, hemos sido testigos de que la implementación de la reforma ha logrado despresurizar el proceso judicial, lo que genera condiciones para que la justicia sea pronta y expedita.
Y en esto debemos reconocer la función orientadora de la SETEC que, pese a las dificultades en su arranque, ha marcado un camino ordenado de cómo se deben hacer las cosas.
Señor Presidente, señoras y señores, sin duda hay avances. Pero aún hay mucho camino por recorrer. Faltan cuatro años para lograr la implementación total.
Si bien habrá renovación en dos poderes de la Unión, los ciudadanos demandamos que los responsables, a nivel de los tres poderes, sean federales o estatales, se comprometan a concluir aceleradamente dicha implementación.
Hace un año llamamos a la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, cuya propuesta se construyó entre sociedad civil, académicos y autoridades.
Han pasado siete meses y medio y los diputados federales no han hecho su trabajo. Han priorizado la búsqueda de otras posiciones políticas, desdeñando la urgencia nacional en materia de seguridad.
Lamentablemente, la coyuntura electoral ha contaminado la vida pública. El interés nacional, la exigencia de los ciudadanos es desatendida una vez más. Una gran parte de la clase política ha dado muestra de su tamaño, de no estar a la altura del futuro que México y los mexicanos merecen.
Sin embargo, seguimos confiando en que la única ruta para el futuro de México, es la de la democracia. No el autoritarismo, no el gobierno sin participación ciudadana.
Seguiremos insistiendo. La reforma deberá concretarse en todos los estados del país. Los gobernadores deben mostrar voluntad para encaminar a nuestra nación hacia la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Nos queda un largo tramo por recorrer, las condiciones están dadas. No hay tiempo para detenerse.
Postergar es complicidad con los intereses de quienes buscan lastimar lo más preciado de las familias de los mexicanos: su seguridad.
La reforma penal es un hecho en México. Los ciudadanos no cejaremos en acompañar su apropiada implementación.
Estimados todos, las organizaciones civiles y especialistas que construimos la Agenda México 12.18 estamos convencidos de que es posible construir un mejor México con la participación de ciudadanos y autoridades.
El diseño de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal es un ejemplo de esa coincidencia, que se materializó en su envío, por parte de usted, Señor Presidente, al Congreso de la Unión.
Hoy, es impensable construir acción de gobierno sin consenso ciudadano; el gobernante no se manda solo.
Vendrán el 5to, el 6to y los Foros necesarios para seguir sumando, para seguir empujando la Reforma, con el apoyo de quienes con gran decisión y apertura lo hemos venido realizando hasta ahora.
La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos; hoy estamos aquí para hacerlo.
Quiero agradecer a todas las organizaciones que han formado parte de este esfuerzo continuo y conjunto para la realización de los foros para la implementación de la Reforma, en particular a USAID por el apoyo en la capacitación y organización de los mismos.
Señor Presidente, las organizaciones ciudadanas aquí presentes me han pedido que a nombre de ellas y el mío propio, le manifieste nuestro reconocimiento que como estadista, tuvo la decisión y voluntad política para dejar como legado esta trascendente Reforma, que será para el país el camino para la justicia tan anhelada por todos los mexicanos.
Tenga la completa seguridad de que todos los aquí reunidos seguiremos con el compromiso de luchar para que esto se dé y se dé bien.
Muchas gracias.
