​¿Conoces los artículos más importantes de la Constitución? ¿Sabías que es la fuente más importante del derecho en nuestro país y que algunos de sus artículos son modificables?

La Constitución Política que actualmente nos rige fue proclamada en 1917, y en ella  se establecen tanto las garantías individuales, como la división de poderes y la organización general del Estado. Dicha Constitución es el documento más importante del derecho mexicano, y por ello es llamada la “Carta Magna” o “Norma Suprema”. Todas las leyes particulares que se puedan proclamar en el país deberán respetar y concordar con los lineamientos que se establecen en ella. Si alguna ley ordinaria se contrapone a lo que establece la Constitución política quedaría inmediatamente anulada por el principio jurídico de: “lex superior derogat inferior”, es decir, que la ley suprema, la Constitución, tiene el poder para anular una ley inferior a ella si ésta se opone a alguno de sus mandatos. Por ello, podemos decir que  la Constitución Política está por encima de todas las demás leyes de nuestro país, y que ella a su vez no se encuentra subordinada a ningún otro código jurídico.

Los artículos que se exponen en la Constitución son hasta cierto punto “estables”, ya que en gran medida exponen los derechos sociales como la igualdad, libertad de expresión, derecho a la educación, etcétera que no pueden ser modificados arbitrariamente. La continuidad del Estado de derecho depende de que estas garantías sean reconocidas y manifestadas por la Constitución, por lo que ningún poder del Estado puede suspender o anular el cumplimiento de estos artículos.

Existen, sin embargo, algunos otros artículos constitucionales que sí pueden ser modificados o anulados según cambien las necesidades de la población. Esto, no obstante, requiere de un proceso legal complejo que se conoce como “acto normativo”. La rigidez de una Constitución se medirá según la complejidad del proceso que se tenga que llevar a cabo para cambiar alguna disposición; si las leyes se pueden modificar de manera fácil y rápida, la rigidez constitucional será baja, mientras que si requiere de un procedimiento detallado y riguroso, se hablará de una rigidez máxima.

Ningún poder del gobierno, ni siquiera el Legislativo, puede modificar la Constitución sin un proceso previo de revisión y aceptación del cambio propuesto. El proceso para modificar una ley que está escrita en la Constitución es mucho más minucioso y complicado que el que se lleva a cabo para alterar, crear o abolir una ley particular, pues como ya se dijo, la Constitución marca los derechos y las garantías más básicas que permiten el establecimiento de un Estado de derecho efectivo. Para alterar alguna disposición de la Constitución Política de México, se requiere el voto  a favor de una mayoría de dos terceras partes de las dos cámaras del poder Legislativo, y la mayoría absoluta de los votos de los Congresos de los Estados.  En los 94 años que ha permanecido vigente la Constitución mexicana, ésta ha sido reformada en 94 ocasiones.

El pueblo puede participar de manera activa en la reforma de las leyes de manera directa cuando el gobierno organiza un referéndum o votación popular con el fin de conocer la opinión de la sociedad respecto a un

tema en específico. Por otro lado, la comunidad se involucra en la creación y modificación de leyes de manera indirecta cuando elige a sus representantes locales con el fin de que éstos sean los portavoces de la

población y exijan tanto la creación como el cumplimiento de normas justas.

El hecho de que la Constitución pueda sea rígida en algunos casos y flexible en otros implica dos consecuencias importantes: en primer lugar, que la estabilidad y la permanencia general de la Constitución deberá proteger el respeto a los derechos más básicas en todos los ámbitos de la sociedad, además de que deberá garantizar que todas las leyes nuevas y particulares que se pronuncien estén en consonancia con las garantías sociales que ella marca. Por otro lado, la posibilidad de un cambio en las leyes permite que la Constitución se mantenga vigente y sea adecuada a las condiciones particulares de la nación.