Por: Leslie Solís

​De acuerdo con la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, cada año mueren más de 740,000 personas en todo el mundo como resultado de la violencia armada, la cual se refiere al uso o amenaza del uso de un arma para causar la muerte, lesiones o algún daño psicosocial. Este tipo de violencia se considera como un obstáculo para el desarrollo —de hecho, impide la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio— y tiene efectos negativos espeluznantes:

- Pérdida de productividad (que se calcula en aproximadamente 95 mil millones de dólares).

- Desplazamientos forzados.

- Disminución de capital social.

- Destrucción de infraestructuras.

- Destrucción de vínculos familiares y comunitarios (lo cual se puede traducir en víctimas invisibles).

- Puede representar un obstáculo para la inversión.

- Puede promover la corrupción y facilitar la impunidad.

Debido a la gravedad del fenómeno de la violencia armada, más de 100 países han respaldado la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, entre ellos México, desde el año de su creación, en 2006. Con esto, se comprometen a fortalecer sus esfuerzos para reducir la violencia armada por medio de estrategias nacionales, regionales y multilaterales. Cabe destacar que Estados Unidos, Rusia, China, India, Arabia Saudita, Irán, Israel, Egipto, Turquía, entre otros, no han firmado dicho acuerdo.

¿Qué pasa en México?

En nuestro país circulan por lo menos 15 millones de armas de fuego ilegales, a pesar de que existe la Ley Federal de armas de fuego y explosivos. Sin duda, esto ayuda a la comisión de homicidios y sensación de inseguridad. A continuación describiré brevemente algunas tendencias del uso de armas de fuego en la comisión de homicidios a nivel nacional y estatal, entre 1997 y 2012, utilizando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Se observa lo siguiente:

1. El porcentaje de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego aumentaron, entre 2000 y 2010, de 26% a 60%. Para octubre de 2012, esta cifra se había reducido a 51%, pero aún representa a la mayor parte de los homicidios.

a. Baja California: 2000-2012. b. Baja California Sur: 2000-2001 y 2006-2012. c. Jalisco: 2002-2006. d. Estado de México: 2000-2008. Aunque, después mostro cifras entre 60% y 71%. e. Oaxaca: 2000-2010. f. Tabasco: 2000-2012. g. Tlaxcala: 2005-2012.

3. En algunas entidades predomina el uso de arma de fuego para cometer homicidios dolosos. En el Distrito Federal, cada año más de 50% de los homicidios se ocasionaron por armas de fuego. En Sinaloa, este porcentaje nunca bajó de 75%.

4. El porcentaje representado por este tipo de arma ha aumentado en los últimos años, aunque en Chihuahua y Coahuila, dicho porcentaje bajó abruptamente entre 2011 y 2012. En Chihuahua cayó de 77% a 13%, mientras que en Coahuila pasó de 68% a 18%.

5. Algunas cifras alarmantes (superiores a 70%) son las siguientes:

a. Durango: 76% de los homicidios dolosos reportados en 2009 se cometieron con arma de fuego. b. Guerrero: 79% de los homicidios dolosos reportados en 2009 se cometieron con arma de fuego. c. Estado de México: 71% de los homicidios dolosos reportados entre enero y octubre de 2012 se cometieron con arma de fuego. d. Nayarit: 80% de los homicidios dolosos reportados en 2010 y 2011 se cometieron con arma de fuego. e. Nuevo León: 77% de los homicidios dolosos reportados en 2011 se cometieron con arma de fuego. f. Zacatecas: 74% de los homicidios dolosos reportados en 2006 se cometieron con arma de fuego.

La violencia armada es tanto una causa como una consecuencia de la falta de desarrollo y como

ya se mencionó al principio del texto, tiene numerosas consecuencias negativas. Para la nueva administración federal deberá ser una prioridad reducir la incidencia de este fenómeno. Será importante seguir algunos de los preceptos de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, como detener la proliferación de armas, sustentar un profundo respeto por los derechos humanos, combatir la impunidad, fomentar la existencia de instituciones de seguridad pública efectivas y responsables, enfatizar los factores de riesgo de la violencia, así como atender a la población que está en mayor riesgo de ser víctima.