Todos los delitos ocasionan pérdidas económicas de alguna manera. En ciertos casos, esto es más evidente debido a que la pérdida es consecuencia directa de la victimización, como en el robo o la extorsión. Sin embargo, ser víctima de delitos no patrimoniales como lesiones también ocasiona pérdidas económicas, ya que las mismas pueden provocar algún impedimento para trabajar o requerir de atención médica.

Al tomar a los establecimientos, no a las personas, como unidades de análisis, es especialmente relevante prestar atención a las consecuencias económicas del delito debido a que la generación de beneficios económicos es su propósito fundamental.

En la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE) se analizan delitos que afectan a los establecimientos, tales como el robo (de bienes o dinero, de mercancía en tránsito, y de vehículo), el fraude y la extorsión, así como daños a instalaciones, maquinaria o equipo. En los primeros dos artículos de esta serie se analizaron diversos aspectos de la misma, como la incidencia, prevalencia, cifra negra, percepción y características de los delitos. (Ver la primera y la segunda partes). El presente texto se enfoca en los costos del delito. 

Además de las pérdidas económicas como consecuencia directa del delito, también debe considerarse el dinero que las empresas invierten en su protección. Aunque es un poco más difícil de apreciar, este gasto también implica pérdidas. La parábola del cristal roto de Fréderic Bastiat ilustra esto. Esta narración explica que comúnmente se piensa que cuando un niño rompe la ventana de un comerciante, su acción puede resultar en un beneficio para la sociedad, ya que el comerciante debe reparar la ventana y, por lo tanto, contrata a un vidriero, el cual obtendrá un ingreso. Sin embargo, este argumento no considera que si el comerciante no hubiera tenido que reparar la ventana, hubiera podido invertir ese dinero en otra actividad.

Igual que el vidriero, las empresas que proporcionan seguridad obtienen ingresos, pero en un contexto en el que no se necesitaría contratar estos servicios, éstas podrían invertir el mismo dinero en actividades productivas, que además generarían valor agregado. Este tipo de pérdidas son más difíciles de medir por lo que implica estimar las ganancias posibles.

Cabe mencionar que los costos que suelen ser más aparentes como los que se derivan del robo o el vandalismo también pueden acarrear otros menos evidentes que obedecen a una lógica similar a la descrita anteriormente. Si los objetos robados o vandalizados son instrumentos de trabajo o de producción, además del valor de los objetos por sí mismos, se pierde la utilidad que podrían generar en tanto no se repongan.

En la ENVE 2012 (referente a 2011) se estimó que las pérdidas como consecuencia del delito alcanzaron 67 mil 506 millones de pesos (mdp) y que el gasto en protección ascendió a 47 mil 655 mdp. Sumados, estos dos conceptos llegan a 115 mil 161 mdp. Además, hay que considerar que el gasto en seguridad no toma en cuenta el valor agregado que no se creó, es decir, lo que se hubiera generado si esa cantidad se hubiera invertido en actividades productivas.

Los costos totales del delito variaron entre entidades, los mayores se registraron en el Estado de México (11 mil 488 mdp), en Nuevo León (11 mil 138 mdp) y en el Distrito Federal (9 mil 875 mdp). Estas cifras toman en cuenta las pérdidas como consecuencia del delito, así como el gasto en protección de los establecimientos.

Si se considera el número de unidades económicas víctimas del delito, a nivel nacional el costo promedio del delito ascendió a 56 mil 774 pesos. Las entidades con los mayores promedios fueron Morelos (188 mil 705 pesos), Nuevo León (117 mil 742 pesos) y Querétaro (113 mil 789 pesos).

A nivel nacional, 425 mil 758 unidades suspendieron acciones como consecuencia del delito. Es decir, 33.3 por ciento de las unidades que fueron víctimas de algún delito en 2011 modificaron o cancelaron sus actividades como resultado directo de la inseguridad. Esto incluye que anularan inversiones o planes de crecimiento, que dejaran de comercializar o hacer negocios con otras empresas, que dejaran de manejar efectivo en sus instalaciones, que redujeran los horarios de trabajo, que cancelaran rutas de distribución o venta de sus productos, o que los dueños dejaran de asistir a la unidad. El porcentaje varió dependiendo del sector al que pertenecían los establecimientos: 7.7% para las unidades industriales, 51.6% para el sector comercio y 97.5% para los establecimientos encargados de brindar servicios.

El costo de las suspensiones de acciones como consecuencia del delito ascendió a 62 mil 864 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 147 mil 652 pesos por cada unidad que suspendió acciones como resultado del delito. El promedio fue mucho mayor para los establecimientos industriales (371 mil 119 pesos), seguido del sector de servicios (150 mil 952) y el de comercio (91 mil 971).

​Las consecuencias económicas del delito, como puede verse, están comenzando a tener un efecto significativo. Esto requiere de la atención de las autoridades, ya que este tipo de consecuencias no sólo afectan a las empresas sino a sus empleados y a aquellos que se benefician de sus servicios. Por lo tanto, aunque lo primordial sea proteger la integridad de las personas, los efectos anteriormente mencionados no deben olvidarse. En México Evalúa creemos que lo que no se mide no se puede resolver, por lo que consideramos que las estimaciones de la ENVE 2012 son una excelente base para proponer políticas públicas enfocadas en la prevención del delito en los establecimientos.