A pocos días de aprobado el Código Nacional de Procedimientos Penales, algunas voces insisten en criticar su contenido buscando confundir a la ciudadanía cuando, como toda norma, es perfectible.

Resulta trágico admitirlo, pero el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no es una situación novedosa si consideramos los elevados índices de violencia delictiva, social y política persistentes en la entidad desde hace décadas.

Nuestro apoyo incondicional está al lado del coordinador de la Estrategia Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, quien ha tenido el valor de emitir juicios críticos en la evaluación de las políticas antiplagio que se han aplicado durante los últimos tres lustros, y de señalar las deficiencias normativas y la corrupción que priva en el sistema penitenciario, desde donde aún operan algunas bandas de secuestradores.

La ley natural señala que los viejos siempre han de morir primero. De ahí que cuando uno enfrenta la muerte de un hijo el dolor se convierte en algo lacerante, demoledor.

Los próximos 14 y 15 de mayo se realizará la sexta edición del Foro Nacional de la Red de Juicios Orales, durante el cual se presentará un simulacro de juicio oral, con el propósito de dar prueba fehaciente, de cara a la sociedad, de las ventajas y bondades que presenciaremos con el cambio de sistema de justicia penal.

La Coordinación Nacional Antisecuestro y el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación deben trascender a las personas que lo integran y convertirse en el corto plazo en una institución ejemplar, que genere confianza en la ciudadanía por los resultados obtenidos y por la atención dada a las víctimas del secuestro.

En los claroscuros de la estrategia antisecuestros hay experiencias rescatables y medidas esperanzadoras que permiten advertir, por los compromisos asumidos por las autoridades responsables de la seguridad pública, los gobiernos estatales y municipales, y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, que la posibilidad de enfrentar exitosamente y erradicar este fenómeno delictivo es realmente posible y no sólo un buen propósito.

Coincido con la Ministra Margarita Luna Ramos, quien en su argumentación sostiene que la CNDH confunde localización de una persona con la ubicación de equipos celulares móviles vinculados a una investigación penal. Si para localizar un teléfono celular utilizado para delinquir se requiere previamente una orden judicial como lo solicita la CNDH, lo único que se logra con esto es burocratizar la investigación y hacer más difícil el rescate de víctimas o la captura de delincuentes de alto impacto social.

En medio del clima de crispada indignación, poco nos hemos preocupado por preguntar sobre los cadáveres de las 19 fosas descubiertas hasta ahora. ¿Quiénes son? ¿En dónde están los familiares de cada una de las personas ahí sepultadas? ¿Por qué razones las asesinaron? ¿Sus nombres aparecen en la enorme lista de desaparecidos que existe en el país? Preguntas que exigen respuesta como urgente prioridad.