Dossier

A diferencia de otros capítulos de la historia del Distrito Federal, donde la ciudadanía se ha manifestado libremente para defender sus derechos y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades, hoy este derecho es utilizado como estrategia política de grupos sociales bien organizados, que responden a una lógica clientelar y corporativa totalmente indiferente hacia las personas que vivimos en esta ciudad.

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Hoy están en las manos de los legisladores tres instrumentos jurídicos que, de hacerse bien, serán parteaguas y esperanza de que la seguridad y la justicia están cambiando en México: la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y el Código Único de Procedimientos Penales.

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Señores funcionarios, la vara está igual o más alta que hace cinco años. Pero en esta ocasión ya no seré yo quien les pida su renuncia, sino la ciudadanía harta de no poder transitar por las calles con tranquilidad.

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Una consulta ciudadana sobre las marchas es el mejor mecanismo democrático para darse cuenta que miles de capitalinos estamos hartos de ser moneda de cambio dentro de las negociaciones políticas.

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Hoy, detrás de cada aguacate con el que se prepara una torta, una ensalada, un mollete y tantos platillos más, es muy probable que haya un componente de extorsión, cobro de piso, trata de personas o lavado de dinero. La misma situación se presenta con el limón, el durazno, la fresa, la guayaba y muchos productos más, donde Michoacán ocupa los primeros lugares de la producción nacional.

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Sobre la sentencia “absolutoria” de Rafael Caro Quintero llama la atención que un mes antes de su liberación haya promovido un amparo en contra de cualquier orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos. Pareciera que sus abogados tenían información relevante sobre el sentido de la sentencia que unas semanas después emitiría un tribunal colegiado

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Desde su creación, México SOS ha insistido en la necesidad de modificar y modernizar nuestras leyes e instituciones, con el objetivo de garantizar que la justicia sea accesible, transparente e imparcial, y que cumpla con el debido proceso. Por ello celebro que el jueves de la semana pasada el Senado de la República haya aprobado por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

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Me niego a asumir que la violencia es una maldición irremediable con la que tendrán que convivir nuestros hijos y nuestros nietos, sólo porque los órganos de seguridad y justicia nos han quedado a deber y, a su vez, los ciudadanos no hemos exigido nuestro derecho fundamental a la seguridad y la justicia.

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En el caso del secuestro de mi hijo Fernando todavía hay muchos cabos sueltos y varios procesos pendientes, la mayoría de ellos bajo la incertidumbre de que los culpables salgan libres o les reduzcan las penas.

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