Por Ernesto López Portillo

Fuente: El Universal

No discuto la voluntad ni lo motivos del presidente Felipe Calderón detrás de su denominada estrategia de seguridad. Discuto sus métodos y resultados. Tampoco discuto el hecho de que miles de representantes de los aparatos de seguridad pública, de justicia penal y militar se juegan el pellejo todos los días tratando de proteger a los ciudadanos y de hacer cumplir la ley, muchas veces sin las garantías más elementales de protección. Esto lo testifico todos los días y no por otra cosa mantengo un compromiso público, entre otras causas, en favor de reconocer constitucional y legalmente y hacer valer los derechos humanos de las y los policías.

Advertido lo anterior, expongo mis conclusiones sobre las fallas fundamentales del presidente saliente: 1) erró en el diagnóstico de la inseguridad y la violencia, omitiendo hacer mediciones complejas y multidisciplinarias de los fenómenos asociados a ellas, y creando así una frontera artificial con respecto a las condiciones sociales en las que emergen; 2) erró en el diagnóstico de las capacidades y culturas institucionales instaladas en los aparatos de seguridad pública, de justicia penal y militar, sobrevalorando su potencia y subvalorando sus debilidades; 3) condujo un gabinete de seguridad fragmentado y confrontado que dispersó los recursos, reprodujo el conflicto interinstitucional e impidió la coherencia de una política integral; 4) antepuso el desarrollo de capacidades policiales operativas sobre la consolidación de la reforma penal, creando con ello un desbalance que por un lado impidió sujetar a la Policía Federal a los nuevos estándares del proceso penal y, por el otro, fracturó las posibilidades de unificar los criterios policiales y ministerial para la construcción de casos; 5) desplegó una operación militar masiva contra la delincuencia organizada sin calcular los potenciales impactos negativos a corto, mediano y largo plazos entre la sociedad y en el interior de las Fuerzas Armadas; 6) subvaloró el conflicto histórico de la policía, el sistema de justicia penal y las Fuerzas Armadas con los derechos humanos y lo multiplicó gracias a un incremento sostenido en el despliegue operativo, mismo que no fue acompañado por políticas e instrumentos de control del uso de la fuerza y las armas; 7) desde una lectura que calificó a los gobiernos estatales y municipales como incapaces de aportar soluciones propias, impulsó una relación asimétrica en favor de la Secretaría de Seguridad Pública federal, haciendo imposible la consolidación de auténticos y eficaces mecanismos de coordinación de alcance nacional; 8) luego de calificar al municipio como una esfera de problemas y no de soluciones, hizo caso omiso de la quizá más conocida y aceptada lección internacional en la materia: la seguridad es un problema local que se resuelve localmente y con el apoyo subsidiario de las esferas de gobierno de mayor jerarquía; 9) confundió prevención con disuasión y así descreyó de la tendencia internacional a favorecer la prevención integral del delito, basada en la participación ciudadana y acompañada de perfiles institucionales de la policía centrados en la construcción de la confianza y el apoyo social; 10) renunció al aprendizaje de su propia experiencia, traduciendo las evidencias acumuladas del fracaso en palancas de cerrazón ante la crítica y negación de la autocrítica.

La lectura de la inseguridad y la violencia fue pobre al inicio y lo es al final de la administración de Calderón. No conozco documento oficial alguno de su gobierno que haya intentado profundizar en la complejidad de la inseguridad y la violencia, como tampoco sé de medición empírica alguna con respecto a la distancia entre las normas y las prácticas del aparato policial, ministerial y militar federal. Con todo, Calderón niega su propio fallo con una consistencia implacable y voltea la mirada ante la masificación de las víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos. Desolador.

@ErnestoLPV
*Director del Insyde