A pesar del mandato constitucional que establece que en junio de 2016 concluya la implementación de la reforma de justicia penal en todo el país, a febrero del presente año solamente 16 entidades habían iniciado su proceso de transición hacia el sistema acusatorio.

A dos años de que concluya el plazo constitucional para que opere de manera integral el nuevo sistema de justicia penal, hay que insistir en las tareas que faltan: una nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, la aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal e Intensificar el proceso de capacitación, certificación y profesionalización homologado de las policías.

Una parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos.

Si bien es de considerar el valor y significado que la Estrategia por la Seguridad de Tamaulipas tendrá en el fortalecimiento de las políticas de seguridad y en el combate contra el crimen organizado, es inocultable que el amplio despliegue militar no terminará inmediatamente con el clima de inseguridad y violencia que sigue privando en la entidad, debido a las persistentes confrontaciones entre grupos criminales, los incesantes homicidios, secuestros y extorsiones.