El periódico Reforma publica hoy que "Estar inmiscuido en un juicio requiere invertir tiempo y dinero, lo que muchas veces tiene repercusiones en el patrimonio o ingresos de una familia."

Fuente: Reforma

Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) revela que el 52 por ciento de los usuarios de tribunales reconoció privarse de gastos que antes acostumbraba hacer para poder seguir con el proceso; 3 de cada 10 pidieron un préstamo, y 20 por ciento vendió un bien o trabajó horas extra.

Al menos 24 por ciento de los usuarios consultados reconocieron que buscaron un segundo empleo, 18 por ciento puso a trabajar a algún otro miembro de su familia para sufragar los gastos, y 9 por ciento de los encuestados incluso tuvo que sacar a sus hijos de la escuela.

El juicio de divorcio de Estela fue uno de esos casos, pues para poder sufragar los costos tuvo que dejar su casa en Naucalpan, vender el terreno y mudarse al Estado de Morelos.

De sus seis hijos adolescentes, cuatro dejaron la escuela y se dedicaron a atender con ella un pequeño negocio, del cual vive la familia.

El dinero nunca sobra y economizan en todo lo que pueden, ya que la separación ha resultado en gastos en traslados a tribunales mexiquenses, peritajes y documentos. Su caso lo lleva un defensor de oficio.

Mientras que el 80 por ciento de los usuarios del Poder Judicial gasta en traslados, la mitad de ellos también reportan gastos en alimentos; el 40 por ciento gastó en copias certificadas y casi el 30 por ciento en la tramitación de documentos oficiales, indica la Encuesta de Satisfacción a los Usuarios de Servicios de Justicia de 2010.

"Otro de los aspectos más importantes para entender los obstáculos que enfrentan los ciudadanos para acceder a la justicia es el costo económico que ésta conlleva", acota el estudio.

"Si bien la justicia como tal no implica un costo específico para el ciudadano, sí implica una serie de costos por las externalidades que de ella se derivan".

De acuerdo con la investigación, en opinión de los impartidores de justicia, son los abogados quienes encarecen el acceso a la justicia.

REFORMA publicó que el 49.5 por ciento de los usuarios del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), que gana menos de 4 mil 500 pesos mensuales, paga alrededor de 900 pesos por copias y abogados, 450 pesos en llamadas, gratificaciones y trámites, mientras que para pasajes y comidas derivados del juicio desembolsa 3 mil 150 pesos.

Jorge Gutiérrez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias penales (Inacipe), señaló que una forma de reducir los costos derivados de un juicio penal es buscar métodos alternativos para la resolución de conflictos.

En materia penal, los medios alternativos de solución de controversias adquirieron mayor importancia a partir de la reforma de junio del 2008, con la implementación de los juicios orales, explicó Gutiérrez.

"Es muy costosa una audiencia judicial, hay que evitarlas en la medida de lo posible en cuando tengan eficacia estos métodos (alternativos)", opinó.

Por desconocer esos mecanismos, los ciudadanos invierten un promedio de 10 mil pesos en asuntos derivados de delitos no graves, como robo, daño a la propiedad, lesiones o fraude, que podrían resolver gratis y en dos horas.