Fuente: El Universal

A 10 años de su existencia, el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió, ante notario público, en asociación civil con una vigencia de 99 años, por lo que con esta nueva personalidad jurídica se fortalecerá su trabajo de evaluación y apoyo a la labor que realiza la dependencia.

Ante sus integrantes, durante la primera sesión del Consejo, Marisela Morales Ibañez, titular de la PGR, destacó que se ha fijado como meta consolidar a una institución confiable, en alianza con la ciudadanía, por lo que refrendó su compromiso de no permitir al interior de la dependencia ninguna conducta fuera de la legalidad.

En su mensaje, la funcionaria destacó que una de sus prioridades al inicio de su gestión fue emprender una política de fortalecimiento institucional, que se ha materializado en un intenso proceso de depuración interna, para que el personal se encuentre acreditado mediante evaluaciones de control de confianza; así como la profesionalización de los servidores públicos y la implementación de protocolos de actuación “a fin de eliminar márgenes de discrecionalidad y cerrarle espacios a la corrupción”.

Morales Ibañez destacó que bajo este concepto de fortalecimiento “reitero, en esta institución a mi cargo no habrá cabida para ninguna actuación fuera de la legalidad, no lo he permitido ni lo permitiré”.

En esta tarea, indicó, “el único y mejor aliado para lograrlo, es la ciudadanía. Razón y causa de nuestra existencia institucional. Para ello, se requiere trabajar de cara a la sociedad, hombro a hombro con el ciudadano, acompañándolo en sus afanes y atendiendo sus necesidades”.

Celebró esta nueva etapa del Consejo de Participación Ciudadana que preside Alejandro Puente Córdoba, ya que reconoció que las instituciones de procuración de justicia “enfrentan hoy el reto, pero también la oportunidad de estar a la altura de una sociedad cada vez más informada y demandante, que exige una procuración de justicia efectiva y una seguridad pública plena para todos”.

De acuerdo con el acta constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, como se asentó ante el Notario Público 11 de la Ciudad de México, éste tendrá entre sus funciones evaluar el programa sectorial de la PGR, así como el desempeño de la institución en el combate a la delincuencia y la impunidad; organizará además talleres, seminarios y consultas entre la ciudadanía para promover su acercamiento con la dependencia. Los recursos de esta nueva asociación tendrán su origen en las aportaciones de los asociados “y de aportaciones extraordinarias que reciban los socios por cualquier concepto”, se estableció.