Editorial de El Universal

Independientemente de cómo se resuelva la calificación de las elecciones federales recién concluidas, el próximo gobierno de la República enfrentará una situación de indefensión generalizada de varios sectores de la economía y de la sociedad frente al crimen. El inicio de una nueva administración será una oportunidad para replantear diagnósticos y acciones ante ese problema. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo A.C. (ONEXPO) ha denunciado ante la PGR que los empresarios gasolineros de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Durango, Michoacán y Zacatecas trabajan bajo amenaza del crimen organizado. Son obligados, dice el grupo, a vender combustible robado de pipas de Pemex o ductos de la paraestatal. Petróleos Mexicanos pierde dinero por partida doble: le es sustraído un recurso el cual después es usado para competir en el mercado con la gasolina legal. Es más preocupante el dato al saber que Pemex aporta casi 40% del presupuesto público del país. Este tipo de delitos se ha vuelto común en diversas industrias porque, aunque los extorsionadores puedan fingir ser parte de un cártel, la amenaza de violencia extrema es creíble. Han ocurrido ya sonados casos de personas fallecidas o secuestradas por resistirse al chantaje o denunciar a los delincuentes. Pese al riesgo, es probable que más personas estarían dispuestas a hacer lo correcto, a denunciar y a negarse a ser extorsionados, si tan sólo tuvieran certeza de que de su lado habrá autoridades eficientes, o cuando menos honestas, listas para actuar. Es claro que esa confianza no existe. Y no es únicamente un asunto de percepción, sino de cifras: aproximadamente el 98% de los delitos que se cometen en el país quedan impunes. Pocos arriesgarán la vida ante la alta probabilidad de que el esfuerzo sea en vano. Hace apenas dos semanas este diario reportó cómo el crimen había extendido sus operaciones al robo de trenes de carga. Antes, a la sustracción de bienes de Diconsa. Antes, al cobro de cuotas para transportistas. La lista de sectores vulnerables se extiende más cada año. Una pronta e innovadora respuesta al problema se espera del próximo gobierno federal.