Editorial de El Universal

México se halla en este momento en el “pico” de su bono demográfico. Es decir, de continuar las tendencias actuales de envejecimiento de la población, nunca más tendrá tantos jóvenes en relación al resto de los sectores sociales. Por desgracia, ese contexto que podría por sí mismo aumentar la riqueza del país se combina con el hecho de que cada vez son más jóvenes los detenidos por delitos de todo tipo, desde robo hasta secuestro.

En los últimos seis años se incrementó 139% el número de menores de edad que fueron presentados en las delegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos federales. A siete mil 752 infractores, 67%, se les acusa de ilícitos de crimen organizado y narcotráfico, principalmente narcomenudeo.

Al parecer las organizaciones criminales tienen el incentivo de contar entre sus filas con menores debido a la facilidad con la que éstos pueden ser reclutados y salir de los centros de reclusión en caso de ser atrapados. La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores considera que, sin distinción del delito, un adolescente purgará una pena corporal máximo hasta su mayoría de edad.

A nivel local, de delitos del fuero común, también hay cifras preocupantes. En el Distrito Federal solamente, por ejemplo, entre 2010 y 2011 fueron detenidos 10 mil 370 menores de edad principalmente por delito de robo.

El fenómeno trasciende incluso el ámbito nacional. También en un trabajo publicado hoy por este diario se da cuenta de cómo Centroamérica vive una situación incluso más grave que México en cuanto a delincuencia juvenil porque las condiciones de su población son de mayor precariedad. A su vez, la vulnerabilidad de sus instituciones han impedido una respuesta acorde con las dimensiones del problema.

La solución tiene que venir, desde luego, con el afianzamiento de las instituciones de seguridad. Pero no sólo con ellas, pues la fuerza no hará por sí misma que desaparezca el flujo de jóvenes y menores de edad dispuestos a engrosar las filas del crimen a cambio de dinero y status aunque sea por poco tiempo y de manera violenta.

A la disuasión que implica el uso de la fuerza debe acompañársele con políticas públicas que brinden alternativas para quienes enfrentan un panorama adverso en cuanto a ingresos y oportunidades laborales o de estudio. Si bien esto ya se hace a distintos niveles de gobierno la inversión será la óptima y verdaderamente eficaz cuando deje de reducirse la edad criminal en México.