Al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y luego como secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna ha optado por favorecer las capacidades policiales de despliegue operativo, dejando en segundo plano los instrumentos de rendición de cuentas institucional (police accountability).

Un equipo estadoundense de investigación académica encontró recientemente que esta decisión es común en todo el orbe. La policía apuesta por fortalecer sus atribuciones y recursos y subvalora e incluso detiene la construcción de sistemas de control internos y externos eficaces y democráticos. La decisión de García Luna no se entiende sin el apoyo político ilimitado de Vicente Fox y Felipe Calderón, mismo que evadió los equilibrios esenciales entre el control político de la policía y su autonomía operativa. El hoy secretario recibió todos los recursos que pidió, logró las reformas legales que promovió y así llevó de 5 a 35 mil elementos el número de miembros de la Policía Federal, además de invertir en sistemas de información, equipo y tecnología de soporte en cantidades que cualquier país del mundo podría envidiar.

El problema no ha sido desde luego la inversión en sí misma, sino la renuncia, primero de los presidentes mencionados, y luego del Estado en su conjunto, a imponer el equilibrio democrático de la rendición de cuentas, en particular en el nivel operativo de la PF. Ésta se gobierna a sí misma, se evalúa a sí misma, se controla a sí misma y se festeja a sí misma.

La falla estructural de la débil rendición de cuentas opera en varios sentidos: hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Hacia arriba con la renuncia presidencial al control político mencionado. Hacia adentro, no obstante se creó el área de Asuntos Internos en la PF —órgano de investigación cuyo titular, por cierto, es de designación presidencial—, no hay mecanismo de escrutinio alguno que haga posible una versión creíble sobre la calidad del proceso disciplinario interno (un Consejo de la propia institución decide si procede o no un expediente de investigación). Y el círculo de la endogamia se cierra cuando vemos la debilidad del Ministerio Público y de los jueces federales en su tarea de imponer controles de legalidad y constitucionalidad sobre los actos de la PF, así como a los legisladores evadiendo sus propios poderes de fiscalización —incluso ante los peores escándalos— y frenando la creación del Auditor Especial de las Policías Federales, instancia que podría medir la calidad de la gestión toda de la PF y proveer propuestas de mejora institucional.

La situación es clara: con una frecuencia desconocida la PF opera fuera de los controles de un Estado democrático de derecho. Y es el mismo ciudadano que antes fue encandilado con la estrategia mediática de García Luna el que ahora deberá comenzar a preguntarse quién lo protege de la Policía Federal.

*Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia