El derecho a la (in)seguridad
Por Armando Sobrino, estudiante de Ciencia Política y miembro del equipo de comunicación de México SOS
La tarea fundamental del Estado consiste en garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por ello, no deja de ser paradójico que en México pocas personas exijan este derecho y busquen reparo cuando se viola. Aunque en el 36% de los hogares al menos un integrante ha sido víctima del delito, aunque se estima que la inseguridad y el delito cuestan al país 210.8 millones de pesos y aunque casi el 70% de los mexicanos se sienten inseguros, la cifra negra (delitos no denunciados o donde no se inició averiguación previa) es de 92% (datos de ENVIPE 2011).
¿Por que los mexicanos no denunciamos? Las respuestas son diversas: miedo a que las autoridades estén aliadas con los criminales, el largo tiempo que toma levantar una denuncia y la baja probabilidad de que el delito sea castigado y se repare hacen que denunciar sea poco atractivo, las personas no saben como hacerlo... de hecho, las encuestas parecen indicar que la segunda razón es la más común: denunciar se considera una “pérdida de tiempo”.
Y es cierto. Según el más reciente estudio de @MexEvalua “25 indicadores de nuestra debilidad institucional”, en promedio, solo el 13% de los casos son concluidos y en los casos en los que se determina que existe un responsable, solo cuatro estados cumplen con al menos el 50% de las ordenes de aprehensión. El más ineficiente es San Luís Potosí donde solo el 14% de las ordenes son cumplidas. Y solo por dar un dato final, en 22 entidades la sobrepoblación de las cárceles obliga a tener de entre 7 a 10 reclusos por celda y el panorama dista de ser positivo, el 40% de la población penitenciaria aún no ha recibido sentencia e ingresado a las cárceles.
En conclusión, en México tenemos un sistema en donde no se denuncia, lo que se denuncia no se investiga, lo que se investiga no se procesa y lo que se procesa, cuando desemboca en prisión, satura el sistema.
¿Qué podemos hacer al respecto? Afortunada o, tal vez, inevitablemente, el estado de crisis del sistema de seguridad y justicia mexicano, no ha sido pasado por alto por todos. El 2 de abril de este año, numerosas organizaciones de la sociedad civil entregaron a los candidatos a la presidencia un documento con los puntos de acuerdo más sobresalientes y urgentes en materia de seguridad ciudadana y el sistema de justicia penal. El nombre de este documento es Agenda 12.18 y será el tema que trataremos en la próxima entrada. Por lo pronto, el documento completo -tal y como fue entregado a los candidatos- puede encontrarse en este enlace.
Twitter: @Armandosmh