VII Foro Nacional de Seguridad y Justicia 2015

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VII Foro Nacional de Seguridad y Justicia 2015

A raíz de la aprobación de la Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública (2008), por iniciativa de organizaciones como la Red de Juicios Orales, la Fundación México SOS y RENACE, en mayo de 2009 se realizó el Primer Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, con la finalidad de abrir espacios de reflexión y discusión en los que se abordaran los principales retos y oportunidades para lograr la debida implementación de la Reforma, tanto a nivel federal como en los estados de la República.

A lo largo de siete años de realización ininterrumpida, el Foro se ha constituido en el evento ciudadano más importante en la materia donde, de manera documentada, concurren los más destacados actores institucionales, operadores del sistema, académicos, especialistas, líderes de opinión, activistas de diversas organizaciones y las más altas autoridades gubernamentales para discutir, evaluar y presentar sus observaciones sobre las acciones institucionales realizadas para la correcta implementación de la Reforma.

Asimismo, el Foro se ha constituido en un espacio privilegiado para que las organizaciones civiles presenten iniciativas y propuestas que, nacidas de las acciones que realizan a nivel estatal y nacional, han contribuido a darle forma, contenido y dirección a esta importante obra de transformación institucional, cuya fase de instauración debe concluir en julio de 2016.

La séptima emisión del Foro, realizada los días 20 y 21 de mayo de 2015, fue el marco propicio para que se presentaran, mediante dos simulaciones, tres conferencias y nueve mesas de discusión temáticas, las prácticas exitosas que se han logrado obtener a lo largo del proceso de implementación en diversos estados e instancias institucionales y que constituyen el referente fundamental sobre el que se cifra la certidumbre de que los avances realizados son, en su expresión consolidada, el medio que permitirá concluir con el plazo constitucional, una vez que se adopten e instrumenten las medidas específicas que se obtuvieron en las nueve conclusiones de las mesas de discusión. A saber

Primera Conclusión: Proseguir con la profesionalización de las Policías, como pilar de la Reforma Penal; grandes avances se han logrado a nivel Federal y en algunos, pocos, estados; el hoyo negro que mayor incidencia tiene en la Seguridad Pública es el de las Policías Municipales que son quienes tienen una mayor aproximación con la escena del crimen; para construir la nueva Policía urge que el Congreso Federal legisle sobre una nueva Ley General de Policías.

Segunda Conclusión: Las fallas en la investigación científica de los delitos tumban las sentencias condenatorias de delincuentes culpables en el nuevo sistema; el riesgo a la Seguridad Pública, de que queden impunes delitos graves, debe obligar a las Procuradurías a avanzar en las técnicas de investigación, poner atención especial en equipamiento, capacitación, en peritos públicos y privados.

Tercera Conclusión: Los Jueces, Magistrados y Ministros, tanto del Poder Judicial Federal o como de los estados, necesitan cambiar la visión sobre su responsabilidad en la administración de justicia penal; el nuevo sistema les otorga a los Jueces facultades mayores que les impone responsabilizarse a profundidad sobre la calidad de la Justicia Penal en el país; se les pide que abandonen su posición autista respecto a los reclamos de justicia de la sociedad.

Cuarta Conclusión: Las Víctimas de los delitos deben de ser el Centro de los Procesos Penales; los abogados especializados, dedicados a defender los intereses de las Víctimas, son necesarios como partes en los juicios penales; la Justicia Restaurativa que atiende tanto la reparación de daños a las Víctimas como la reinserción del delincuente, debe implementarse para mejorar la calidad de la Justicia Penal.

Quinta Conclusión: La mediación forma parte de la esencia de la Reforma Penal; las salidas alternas contribuyen a que podamos aspirar a tener Justicia Pronta y Expedita; es prioridad capacitar a todos los actores en esta nueva técnica que no admite improvisación pero si exige estabilidad laboral y servicio profesional de carrera.

Sexta Conclusión: Ante el caos de las Escuelas y Colegios de Abogados, la Colegiación Obligatoria de Abogados es necesaria para una buena aplicación de la Reforma Penal; ya basta de simulaciones en las Escuelas de Derecho; los abogados privados, peligrosamente, no se están capacitando de manera adecuada.

Séptima Conclusión: El Principio de Contradicción es esencial al Juicio Oral como medio para llegar a la verdad y tener resoluciones justas; asimismo, para asegurar la presencia de las partes, es necesario contar con un sistema de protección de testigos y víctimas, así como de ser asistidos por defensores y fiscales capacitados y proactivos.

Octava Conclusión: Es necesaria la aprobación de la legislación faltante para la plena instrumentación del sistema de justicia penal en el país, tal es el caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, las cuales no sólo tienen el gran reto de homologar procesos y principios, sino también de cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos, contribuyendo a un modelo de justicia acorde a las necesidades del país.

Novena Conclusión: No por último, pero de manera prioritaria y destacada, la participación del Presidente de la República en este Séptimo Foro proporciona un soporte de enorme valía para que todos estos esfuerzos se conviertan en realidad; en su discurso transmitió un claro compromiso personal a los trabajos para que el país este adecuadamente preparado para aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal, incluyendo prolongar la vigencia de la SETEC para que continúe con los trabajos de seguimiento a la adecuada implementación de la Reforma Penal.