La tragedia de Iguala, en la que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no sólo puso en evidencia la corrupción y complicidad de corporaciones policiacas y autoridades gubernamentales locales con el crimen organizado.
Fuente: El Universal
La tragedia de Iguala, en la que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no sólo puso en evidencia la corrupción y complicidad de corporaciones policiacas y autoridades gubernamentales locales con el crimen organizado. También dejó al desnudo las enormes debilidades de las instancias responsables de garantizar la seguridad, procuración y administración de justicia en los tres órdenes de gobierno.
Lamentablemente, en medio de la indignación y la confusión que ha provocado la tragedia de Iguala, los mexicanos estamos perdiendo la poca confianza que teníamos en nuestras instituciones. Y esto no es gratuito. La sociedad es testigo de cómo un día las ONG cuestionan y descalifican a la Presidencia de la República y al siguiente ésta se enfrenta mediáticamente al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Un día los partidos políticos rechazan las investigaciones y el trabajo de la PGR y al siguiente la PGR minimiza la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un día el gobierno habla de la “verdad histórica” y al siguiente se cuestionan todas las investigaciones en reportajes y artículos de diversa calidad periodística.
¿Cómo encontrar, entre tantos intereses contrapuestos y agendas políticas, un asidero de verdad y certidumbre? ¿Cómo hallar la punta de esta enredada madeja de versiones y descalificaciones? Creo que una posible vía está en el trabajo realizado por instituciones como la CNDH. Desde las primeras horas en que ocurrieron los hechos de Iguala, la Comisión abrió el expediente oficial de queja, ejerció su facultad de atracción sobre el caso, creó una Oficina Especial para su atención, continuó el trámite de la queja como una investigación de violaciones graves de derechos humanos y asumió el compromiso de contribuir a la búsqueda de la verdad y a exigir que se garantice la no repetición de hechos de esta naturaleza.
Esta Oficina Especial de la CNDH presentó en julio pasado el Estado de la Investigación del “caso Iguala”. Sin ser concluyente, el informe contiene 32 observaciones y propuestas que, de seguirse, nos permitirían acercarnos a la verdad jurídica del caso. En ese documento se propusieron nuevas líneas de investigación que atienden las fallas y omisiones que se cometieron en la atención inicial del caso, admitiendo la necesidad de realizar nuevos peritajes e investigar las causas que propiciaron el involucramiento de los normalistas en los hechos que tanto dolor han causado a todo nuestro país.
La tragedia de Iguala es el punto más bajo que ha alcanzado la crisis de las instituciones de seguridad y justicia en México. Ante esta grave situación hay dos salidas. Una es evadir nuestra responsabilidad colectiva y clamar, como algunos lo han hecho, porque venga alguien de fuera a resolver nuestros problemas, citando el ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Quienes así piensan olvidan por completo que lo ocurrido en nuestro vecino del sur obedece a condiciones históricas, políticas y sociales específicas que son muy distintas a las que vive el México de hoy.
La otra salida nos demanda más responsabilidad y esfuerzo que hacer un outsourcing de la justicia. Pero es la única que un país que aspira a ser desarrollado puede tomar: emprender de una vez por todas, la construcción del andamiaje institucional que fortalezca a nuestras instituciones en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. No podemos olvidar que México se encuentra en la fase final de la instauración de la reforma al sistema de justicia penal y de seguridad pública que, con todas las dificultades que ha enfrentado, está encaminada a dotar al país de condiciones que contribuyan a combatir y revertir años de abandono institucional y corrupción.
La única forma en la que vamos a evitar que se repitan desgracias como la de Iguala es fortaleciendo a nuestras instituciones y seguir trabajando para dotar al país de un sistema de justicia penal y seguridad pública respetuoso de los derechos humanos, sujeto al escrutinio de la sociedad y obligado a rendir cuentas de sus actos y omisiones. Nadie va a venir a hacer el trabajo que los mexicanos tenemos que hacer con nuestras propias manos e intelectos. Nosotros dejamos que México se convirtiera en lo que es hoy. De nosotros y de nadie más depende transformarlo en un país con verdadera justicia y dignidad.
Por Alejandro Martí
Presidente y fundador de México SOS
@mexicosos
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