María de los Ángeles Fromow, responsable en Segob de coordinar la implementación del sistema de justicia penal, dijo que se ha conseguido 50% de los 60 mil mdp para cumplir con el cambio.

Fuente: Milenio

Solo 10 por ciento de los casos que sean atendidos por el nuevo sistema de justicia penal será resuelto en juicios orales, el resto no llegará hasta esta etapa debido a que la solución se dará a través de la conciliación, aseguró María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la Razón, la funcionaria detalló que para cumplir con todo el cambio de sistema se requiere un presupuesto de 60 mil millones de pesos, 40 mil a escala estatal y 20 mil federal, de los cuales hasta el momento ya se han conseguido 50 por ciento.

Explicó que “desafortunadamente no se había invertido mucho en el tema de infraestructura y equipamiento, que es lo más costoso donde se había invertido. Quizás era en temas técnicos, en temas de reorganización, pero no había avanzado mucho en la parte de los requerimientos específicos para operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Entonces hubo que hacer una planeación, una ejecución, sumar los distintos fondos federales para ponerlos a disposición de las entidades”.

Fromow recordó que será el 18 de junio del próximo año cuando se implemente en todo el país el nuevo sistema, que evitará que primodelincuentes por delitos no graves vayan a prisión y se garantice el debido proceso, así como la disminución de tiempo en los procesos y, por ende, en las resoluciones.

Adelantó que para febrero del próximo año se tendrán las dos terceras partes del país ya con el nuevo sistema a nivel federal.

LOS BENEFICIOS

La funcionaria enfatizó que entre los beneficios del nuevo sistema de justicia penal está que se resolverán más de 70 por ciento de los casos a través de la conciliación, en lugar de llegar a un juicio.

Explicó que una vez que entre en vigor —con la debida capacitación a todo el personal implicado en los casos, desde jueces, fiscales, asesores de las víctima y policías— se determinará antes de iniciado el proceso si se realizó la detención conforme al debido proceso y no será hasta que haya una sentencia como sucede con el sistema vigente.

Sobre si con ello se evitará la sobrepoblación de las cárceles, Fromow detalló que un día en prisión cuesta diariamente a los mexicanos 220 pesos, ya sea que el presunto culpable se encuentre en proceso o sea sentenciado, por lo que el nuevo sistema ayudará a que quienes hayan cometido un robo menor por primera vez, o incluso sean reincidentes de delitos no graves, no sean imputados.

“Digamos que ahora se dejará de aplicar, dicho bárbaramente, lo que diga el convicto y se trabajará en este nuevo sistema por procurar efectivamente la justicia”, señaló la funcionaria.

Agregó que faltan 333 mil policías por capacitar, mismos que deberán estar preparados para la el nuevo sistema de justicia penal en los próximos nueve meses, situación que implica un esfuerzo de todos los municipios y estados, así como de la Federación.

LA TRANSICIÓN

Destacó que luego de un camino de 10 años en que organizaciones sociales, legisladores y autoridades buscaron un cambio en el sistema de justicia, ahora se hace realidad.

Recordó que este proceso de transición fue impulsado desde “la famosa marcha blanca”, en la que cientos de mexicanos salieron a las calles para exigir justicia.

Derivado de ello, se buscó un sistema que estuviera basado en otros aspectos que no fueran los que ahora se tienen con el sistema tradicional, donde hubiera un asesor que estuviera permanentemente con la víctima.

Destacó que ahora habrá oportunidad, desde un principio, de conocer si un asunto deberá o no irse a proceso; los juicios orales tendrán una duración máxima de entre tres y cuatro meses en lugar de años, y que la figura de presunto culpable desaparecerá para dar paso a la de “imputado”.

Otra de las adecuaciones es que la confesión no será la reina de las pruebas, lo que evitará torturas, sino serán las evidencias científicas las que demuestren que se haya cometido un delito.

NIEGAN AMPARO A DIRECTIVO POR FIANZA MILLONARIA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar Mario Xavier Rodríguez González, ex gerente administrativo y de Mantenimiento Inmobiliario de III Servicios, empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos, y quien fue acusado de incurrir en malos manejos financieros durante la construcción de la Estela de Luz.

Rodríguez impugnó la fianza de mil 35 millones de pesos que le fijó un juez federal para permitirle enfrentar su juicio en libertad provisional. El quejoso alegó que la fianza es demasiada alta.

Sin embargo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso a sus homólogos negar la protección de la justicia, ya que el monto requerido no implica una pena anticipada ni violenta el principio de presunción de inocencia, sino que únicamente se busca que el indiciado garantice la reparación del daño que presuntamente causó.

Rodríguez González tiene que pagar la fianza millonaria o seguirá en la cárcel hasta que se resuelva el juicio por fraude en la construcción de la Estela de Luz.

En mayo de 2014, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal reservó jurisdicción al máximo tribunal de justicia del país para que resuelva cuestiones de constitucionalidad que reclaman los detenidos.

@mexicosos

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