El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició la capacitación de jueces y magistrados en materia de lavado de dinero, para instruirlos sobre las prácticas de las organizaciones criminales transnacionales, que se han tornado cada vez más sofisticadas.
Al inaugurar los cursos, el consejero de la Judicatura, Alfonso Pérez Daza, presidente de la Comisión de Disciplina, dijo que el Poder Judicial de la Federal (PJF) no puede permanecer estático ante el desafío de las organizaciones criminales, por lo que jueces y magistrados federales, deben actuar con contundencia.
"Una estrategia adecuada de combate al crimen debe prever distintos frentes y todas sus facetas, de tal manera que los esfuerzos se concentren en aquellas que tendrían un mayor impacto en su organización y financiamiento.
"Por ello, es de vital importancia enfocarnos en sus recursos financieros, detectar la forma como las organizaciones criminales captan, producen, lavan y los transfieren, permitiendo así asestar un importante golpe que derive en su desmantelamiento", puntualizó el consejero, según un comunicado del CJF.
Esta capacitación es impartida por la Directora de la Unidad de Combate al Terrorismo y de Sanciones Financieras Internacionales, Giuseppina Pellicano, y el Director General para la Prevención del Uso del Sistema Financiero para Fines Ilícitos, Giuseppe Maresca, ambos del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
También imparten clases Arnaud Beuret, Jefe Adjunto de la Oficina Suiza de Información de Lavado de Activos, y Michel Turk, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Luxemburgo.
El curso es resultado de los acuerdos establecidos por el CJF en la Reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Australia, y en la Sexta Reunión del Grupo de Prevención de la Corrupción, de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), llevada a cabo en Viena, Austria.
Pérez Daza expuso que la prosecución criminal es uno de los propósitos fundamentales de cualquier gobierno y su debida atención es un pilar esencial para el correcto funcionamiento del Estado y de la salvaguarda de los intereses de la sociedad.
"La situación que vive nuestro país obliga a las instituciones gubernamentales a una atención inmediata, profunda y ágil en contra de cualquier intento criminal de desestabilizar la paz y tranquilidad que los mexicanos merecen", dijo.
Agregó que el PJF no puede perder de vista esta necesidad, ya que tiene un papel vital en este entramado de cooperación gubernamental. Corresponde a los jueces autorizar la investigación y congelamiento de cuentas bancarias, así como resolver en definitiva si estamos en presencia de movimiento de recursos de procedencia ilícita.
Destacó que los magistrados y jueces federales deben estar atentos a las más modernas prácticas de lavado de dinero utilizadas por las organizaciones criminales, de tal manera que siempre haya una pronta y adecuada respuesta a las solicitudes que el Ministerio Público pudiera requerir.
Pérez Daza dijo que se debe proteger la observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y encontrar el justo equilibrio entre su aplicación y el respeto a los derechos humanos.
En su opinión, no se puede cargar esta responsabilidad solamente en los hombros de los juzgadores federales y, por ello, el CJF debe dotarles de las herramientas y recursos necesarios para el mejor ejercicio de su función, entre las que destacan las experiencias vividas en otros países.
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