Representantes de siete organizaciones de la sociedad civil advirtieron este viernes que la suspensión de la evaluación docente anunciada la semana pasada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá consecuencias económicas y sociales.

Fuente y Foto: Sin Embargo

El principal problema de la suspensión de la evaluación, dijeron representantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad y Mexicanos Primero, es que, mientras los inversionistas extranjeros requieren ante todo saber que en México se respeta el Estado de Derecho, la decisión del ejecutivo envió el mensaje opuesto.

En coincidencia, los expertos plantearon que la gravedad de la situación es que la la violación a la Constitución no proviene, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), históricamente opuesta a la aplicación de los exámenes, sino del propio Gobierno.

Los ponentes también cuestionaron que, a una semana de que se haya anunciado la suspensión de la evaluación a través de un comunicado de prensa de dos líneas, ninguna autoridad por parte del Ejecutivo, ni el presidente Enrique Peña Nieto ni el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, hayan ampliado los motivos por los que se tomó esta decisión.

Afirmaron que otra de las consecuencia es que el gobierno pierde la credibilidad en la implementación de las demás reformas. Explicaron que al violar la Constitución “el mismo gobierno, vulnera el Estado de Derecho con consecuencias duraderas de pérdida de autoridad moral, premiando la protesta caótica y minimizando el cumplimiento de la Ley y de los procesos que de ella se derivan”.

“¿Quién determina la política educativa: el Estado Mexicano o la disidencia magisterial?”, preguntó Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Dijo que “defender las evaluaciones educativas es defender al Estado de Derecho. México necesita que se respete la constitución, se cumpla la ley y se transforme el sistema educativo”.

Viridiana Ríos, Directora de México ¿Cómo Vamos? destacó que “sin educación pública de calidad estamos condenando al que nace en pobreza a permanecer en ella”.

“No hay medida económica más regresiva que la adoptada por la SEP al suspender las evaluaciones docentes. Este es el camino idóneo para NO lograr las metas de crecimiento económico del país”, dijo.

Para la organización Transparencia Mexicana, la acción de la SEP “resta certeza a procesos ya definidos como son los calendarios publicados y las inscripciones al ciclo de evaluaciones, y afecta lo avanzado en términos de transparencia e integridad en esta materia. Muchos aspirantes y maestros ya se habían inscrito a las evaluaciones y se estaban preparando para ellas”.

En su intervención, Enrique Cárdenas, Director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), afirmó que los agravios a la Constitución tiene graves repercusiones en ámbitos adicionales a los que fueron afectados en primera instancia por una intervención arbitraria.

“En todos los casos, las decisiones que alteraron el orden jurídico nacional fueron desastrosas por su tácito desprecio al Estado de Derecho”, dijo Cárdenas.

En tanto, Francisco Ibarra Palafox, especialista en derecho constitucional y Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicó que la “suspensión indefinida” tiene graves vicios jurídicos de forma y materia.

“La presunta inconstitucionalidad del anuncio debe ser señalada, rechazada y puesta en el ámbito de la justicia, para que las garantías de los derechos de los ciudadanos se cumplan”, comentó.

Luis Foncerrada, Director Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó que “si el gobierno lleva a cabo actos inconstitucionales y viola las leyes, la certeza jurídica desaparece”.

“Se pone en duda toda la voluntad de parte del mismo gobierno de respetar el estado de derecho. Nada puede ser más grave para la inversión, para las decisiones de inversión que toman en cuenta el marco jurídico, las reglas de juego definidas legalmente, que constatar que el mismo gobierno viola leyes y constitución. Todas las reformas estructurales, la inversión que se requiere para que se den, están en riesgo.”

En tanto, Marco Fernández Investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey explicó que “la medida anunciada –que no explicada- por la SEP no sólo es inconstitucional e ilegal, sino de una miopía política que sorprende”.

“La medida representa a su vez un desafío al INEE, cuya junta enfrenta el reto de demostrar que la autonomía es una potestad que se ejerce. Por ello, como sociedad esperamos que defienda ante la Suprema Corte el derecho a la calidad de la educación que tienen nuestros niños y jóvenes, por lo que esperamos que con base en el artículo 105 constitucional presente una acción de inconstitucionalidad por omisión de la autoridad educativa federal”, dijo Fernández.

http://www.sinembargo.mx/05-06-2015/1368572

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