A 17 meses de que venza el plazo para que el nuevo sistema penal acusatorio opere en todo el país

Sólo Chihuahua cumple con la implementación

A 17 meses de que venza el plazo para que el nuevo sistema penal acusatorio opere en todo el país, sólo Chihuahua es la entidad que cumple con la implementación, mientras que 20 estados no alcanzan 60%, por lo que se aplicará un plan estratégico para abatir el rezago en materia de capacitación del personal e infraestructura en el desarrollo de juicios orales.

A más de 500 días de que se cumpla el plazo de ley para que el nuevo sistema penal acusatorio opere en todo el territorio, hoy, 20 estados están por debajo de 60% en su implementación, presentan rezagos en diversos niveles en temas que van desde la capacitación del personal hasta la infraestructura para que se desarrollen los juicios orales, y el caso más extremo es Sonora.

María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), revela así que existen múltiples desafíos para que el 18 de junio de 2016 éste opere en todo el país.

Entre los retos, la encargada de coordinar el proceso para concretar la nueva estructura de justicia penal en México reconoce que la implementación podría estar en riesgo ante la renovación de autoridades en 17 estados en los que habrá elecciones este año.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria afirma que el plazo constitucional se cumplirá con la aplicación de una planeación táctica de la Setec, con un diagnóstico sobre las deficiencias y avances que cada estado presenta, con la certeza de que al llegar a la fecha señalada por la ley, no todo será perfecto, pero México estará listo para vivir una transformación en materia de justicia, que por su magnitud, no tiene precedente en el mundo.

“Estamos ciertos de que no vamos a tener todos los recursos ideales para que esto funcione, pero sí podemos generar la infraestructura y equipamiento esencial para operar de manera adecuada el sistema. No es que vamos a llegar al 18 de junio y todo esté perfecto, este es un sistema que tendrá que pasar durante varios años una evaluación permanente, un apoyo constante para lograr que se articule y sea sólido, porque llevar 100 años haciendo lo mismo no implica que de un día para otro todo sea maravilloso y tengamos las mejores prácticas...”, señala.

Los rezagos. A menos de 17 meses de que se cumpla el plazo constitucional para que el sistema acusatorio opere en todo el país, los avances indican que sólo Chihuahua lo aplica casi al 100%; cerca de la meta están Estado de México, Morelos, Yucatán y Nuevo León.

Mientras que siete entidades se ubican por arriba de 60%: Chiapas, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Coahuila, Durango y Querétaro. Las 20 entidades restantes presentan rezagos graduales por debajo de ese nivel.

Fromow Rangel reconoce: “Quizás lo que más debilidad tiene, como se ha hecho patente en muchos casos, son las policías, de ahí la trascendencia del mando único; en algunos estados estamos trabajando para tener capacitación adecuada de cómo hacer la detención, procesar el lugar de los hechos o salvaguardar evidencias. Es lo que medimos, cuántos policías tienes capacitados, en qué calidad, cuántos ministerios tienes, cuántos jueces, cuántos administradores de sala, diagnosticamos qué falta y hacemos un plan de acción ex profeso para ellos”.

— ¿Cuántas personas faltan de capacitarse en esos estados?

— La gran mayoría son policías y el problema con ellos es la rotación. Nos ha sucedido en estados que hay un cambio de administración municipal, los policías también y la capacitación nos vuelve a bajar a nivel cero. Entonces, si hay un tema muy importante de la certificación y tenemos un plan estratégico para esto.

“El gran volumen son policías municipales, por eso la gran trascendencia del Mando Único de Policía, porque además, el oficial municipal es el primer contacto y si no está capacitado, pues va haber ahí un tema importante de deficiencia del sistema”.

Fromow Rangel reconoce la complejidad para que algunas entidades avancen para abatir su rezago y así cumplir la meta, y a pregunta expresa, alude a algunos casos concretos.

Sonora está en el último lugar de la lista, por lo que se está proyectando un plan de inversiones con los distintos fondos federales y locales para que en agosto próximo se implemente el sistema; la entidad “tiene carencias importantes en el tema de equipamiento e infraestructura y esto requiere de un esfuerzo mayúsculo”.

En el Distrito Federal, donde en este mes inició el sistema sólo con delitos no graves, la funcionaria indica que “lo que falta es el perfeccionamiento de la investigación científica de delitos muchos más complicados: homicidios, violaciones, secuestros. Tiene que acometer una serie de infraestructura, tanto para fortalecer servicios periciales, las unidades especializadas de delitos de alto impacto, los juicios orales, porque muchos de estos ilícitos graves terminarán en una prisión preventiva por las circunstancias que ello implica. Y hay que construir al lado de los penales en el Distrito Federal las salas de oralidades”.

Señala que se han duplicado los fondos para la implementación a partir de 2014, ¿a cuánto ascienden?

Se han generado fondos, el año pasado tuvimos cerca de 932 millones, hoy tenemos alrededor de mil 17 millones aproximadamente de presupuesto para subsidios, tenemos el fondo de los cinco mil millones, el año pasado pudimos gestionar con los estados en el FAS cerca de mil millones; el año pasado fueron cerca de 280% más de los recursos. En el presupuesto de 2014 el impulso fue histórico.

“Puedo decir que no existe esta transformación en ninguna parte del mundo. Es la magnitud del reto que tenemos enfrente, que implica un gran esfuerzo no sólo del gobierno de la República, sino de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes, y de la sociedad en general. Si logramos verdaderamente aterrizar este sistema podemos tener la certeza de que las distintas instancias van a estar en los estándares que se requieren para impartir, procurar y administrar justicia”.

— ¿Hay riesgo latente en entidades en las que hay elecciones?

— No podemos negar que hay un riesgo, tenemos que tomar medidas para evitarlo, estamos fortaleciendo a los órganos implementadores y en su momento, llegar a platicar con quien resulte electo para asegurar la continuidad de estos programas.

“Tenemos un análisis de cómo podría impactar este efecto electoral, pero sobre todo, cómo podemos mantener la continuidad, lo hemos platicado con los nueve gobernadores que van a estar en proceso electoral, se ha puesto en sus manos el hecho de que esto pudiera, sino evitar, sí retrasar el desarrollo y la programación que llevamos. Hemos comprometido con ellos acciones para que eso no suceda. Hay medidas que estamos tomando para que el impacto sea lo menor posible y exista la continuidad de los trabajos”.

— ¿Cuál es el diagnóstico para este proceso electoral, hay focos rojos en algunas entidades?

Hay 17 entidades que van a tener elecciones locales y esto va a tener que ser cuidado para que no impacte en la implementación del sistema. Estamos asegurando planes específicos.

“Siempre hay una efervescencia política, hay la posibilidad de ser cuestionado por parte de los distintos actores sobre qué se ha hecho en la implementación o los impactos de algunos casos relevantes cuando está operando el sistema en regiones, y que pudieran ser señalados como puntos de debilidad del gobierno saliente.

“Lo que tenemos que hacer es una concientización de lo que significa este nuevo sistema, cuidar la efectividad de estos estados en donde ya está implementado, buscar que tampoco el presupuesto deje de aplicarse, porque si bien hay una veda electoral, nosotros no podemos paralizar la implementación.

“No podemos decir que no podemos capacitar porque estamos en un proceso electoral y se crea que se está haciendo un acto de proselitismo, pues tenemos que cumplir con los programas de capacitación que tenemos, porque no podemos parar la implementación del sistema, ya que estaríamos afectando un plazo constitucional y la efectividad del propio sistema”.

— En Guerrero hay un conflicto y aunado al tema electoral, ¿qué impacto habrá?

— Cuando ves una debilidad, hay que convertirla en una gran oportunidad y eso es Guerrero, que requiere de una transformación en Estado de derecho, en el ámbito de la de la justicia penal, el fortalecimiento de la fiscalía y el tribunal en la parte jurisdiccional penal, en el aspecto de la defensoría, de la asistencia a víctimas.

“En la entidad entró en operación el nuevo sistema de justicia penal el 30 de septiembre en Iguala (cuatro días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa). Ahí hemos cuidado, hemos estado revisando la capacitación, dando seguimiento y trabajado para que se logre la implementación, es un gran reto.

Hay estados que son grandes desafíos, que por su propia conflictividad implican un mayor cuidado, apoyo, seguimiento y mecanismos que nos ayuden para cumplir”.

Fuente: El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/hay-retraso-en-20-estados-del-pais-para-iniciar-juicios-orales-48345.html