ANTECEDENTES Y CONTEXTO

En la última década, México ha experimentado un avance sin precedentes en sus niveles de violencia y delincuencia que afecta gravemente a toda la sociedad.

Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que emite el INEGI, señala que durante el año 2016 en todo el país se cometieron 31.1 millones de delitos con un costo para los ciudadanos de 229.1 miles de millones de pesos, equivalente al 1.1% del PIB, es decir un promedio de 5 mil 647 pesos por persona afectada.

Los delitos de mayor frecuencia señalados por los ciudadanos son:

• Robo o asalto en la calle o transporte público
• Extorsión
• Fraude
• Robo total o parcial del vehículo

Delitos de mayor impacto a la sociedad (no sólo frecuencia), como el secuestro y los delitos en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, de acuerdo con el Informe México, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (2016): “existe un consenso acerca de la gravedad de la situación de los derechos humanos en México”:

• 151 mil 233 personas asesinadas de 2006-2015.
• 26,000 personas con paradero desconocido 2007-2015.
• Más acoso a periodistas y activistas de derechos humanos, violencia contra las mujeres y abusos contra migrantes y refugiados.
• El 98% de los crímenes se quedan sin resolver y la mayor parte de éstos se quedan sin investigar.

De la misma forma la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con cifras a julio de 2017, revela que el 74.9% de la población se siente insegura en la ciudad donde habita.

La inseguridad afecta también a los establecimientos de todos los tamaños. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización a Empresas 2015, el 35.5% de las unidades económicas del país fueron víctima de algún delito. En este rubro la cifra negra es del 90.3% no denunciado.

Observamos que en el primer semestre del presente año y de continuar la tendencia, será el peor año de la actual administración en el tema de seguridad, por ejemplo, en comparación del año 2016 con el 2017, los delitos que se han incrementado son los homicidios (31%), robo a negocio (40%), extorsión (26%), robo de automóvil (15%) secuestro (14%) por mencionar algunos. Conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, las anteriores cifras podrían incrementarse dado que más del 80% de los delitos no se denuncian.

Sin duda alguna, una de las principales obligaciones del Estado es la de brindar seguridad, la cual no está a la altura de la demanda ciudadana.

Con la finalidad de revertir los altos índices de violencia y delincuencia, además de atacar la pérdida de confianza en las instituciones que se encargan de tareas de prevención del delito, protección y regeneración del tejido social, las organizaciones aquí reunidas proponemos:

1. Reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) hacia un organismo descentralizado con mayores facultades operativas.

La reestructuración de la CNS tiene por objetivo fortalecer el andamiaje institucional y normativo que haga frente a los altos índices de violencia y delincuencia, comprende la descentralización de las funciones en materia de seguridad y se crea un ente que, si bien seguiría sectorizado a la propia Secretaría de Gobernación, contaría con personalidad jurídica propia y autonomía para efectuar de manera directa y eficaz las acciones que desarrolla la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal, de la Prevención y Reinserción Social.

Tendría facultades de ejecutar políticas de prevención y sería una instancia independiente en la toma de decisiones y de responsabilidad administrativa y técnica. Por su parte la Secretaría de Gobernación mantendría la rectoría y la planeación de políticas de Seguridad Pública.

Ello fortalecería a la propia Secretaría permitiendo su eficacia en una de sus principales labores.

Conjuntamente se propone el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública para lograr que este órgano no sólo se dedique a aprobar modelos y lineamientos, sino que realmente se asegure de su debida ejecución y que los recursos que se otorgan a través de su Secretariado Ejecutivo realmente se vean reflejados en la mejora de la seguridad pública.

2.- Expedir la Ley General de Seguridad Privada.

Las empresas de seguridad privada han registrado un rápido crecimiento y sus servicios han sido fuertemente demandados, por lo que ha surgido la necesidad de contar con una regulación clara, precisa, que de manera uniforme homologue los requerimientos para la obtención de los permisos en materia de seguridad privada, simplificando los trámites, para que la prestación de sus servicios se lleve a cabo en coordinación con los tres niveles de gobierno, lo que les brindaría certeza y seguridad jurídica tanto para quienes prestan el servicio como para quienes lo contratan.

Ante la diversidad de ordenamientos estatales y municipales, se hace necesario diseñar y establecer un régimen único a nivel nacional que permita su mejor desenvolvimiento, a través de:

1. Distribución de Competencia y Bases de Coordinación de los Servicios de Seguridad Privada.
2. Clasificación del personal que presta sus servicios en las empresas de seguridad.
3. Reclasificación de las modalidades existentes en la prestación del servicio de seguridad privada.
4. Capacitación del sector.
5. Registro Único Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

Durante este año se ha trabajado con las empresas de este sector para generar propuestas legislativas que van encaminadas al mejoramiento regulatorio de este servicio y que permitirá tanto a las autoridades como a prestadores de servicio lograr un eficaz desarrollo de esta actividad a nivel nacional.

Dichas propuestas se harán llegar en breve a nuestros legisladores.

3.- Apoyar el Dictamen Ciudadano para la creación de una nueva Fiscalía General de la República que sea independiente y funcional.

Demandamos que el proceso de esa propuesta se realice bajo el concepto de Parlamento Abierto, que permita la participación directa de la ciudadanía y que se aceleren los trabajos legislativos para lograr que todos los objetivos planteados en el dictamen ciudadano se reflejen en las disposiciones constitucionales y legales que se aprueben por el Congreso de la Unión. Queremos tener la Fiscalía General que exigen los tiempos actuales en nuestro país.

4.- Aprobar la iniciativa del Mando Mixto Policial.

Prevé una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad y se fortalezcan las instituciones encargadas de la seguridad pública, para lo cual se propone la creación de la Ley General de Seguridad Pública que reglamente el Artículo 21 Constitucional y defina la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; incluidos los servicios privados y auxiliares de seguridad.

Igualmente, en esta Ley se impulsa la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por: un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Secretariado Ejecutivo, y un Consejo Consultivo Ciudadano.

Con esta iniciativa se establecen reglas claras a los gobernadores y presidentes municipales, que son los principales responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Es importante destacar que, al exigirse un perfil más alto para el ingreso a las corporaciones de seguridad pública, profesionalización y confianza, se tendrá que ofrecer a los elementos una mejor calidad de vida, un empleo digno y con las prestaciones que un trabajo de alto riesgo amerita para la persona y su familia.

Para lo anterior y en el interés de dignificar a la función policial, creemos importante incluir la propuesta de generar un Instituto Nacional de Seguridad Social Policial y un Ombudsman de los policías. Asimismo, proponemos la creación de una Academia Nacional que profesionalice a los elementos policiales y la creación de autoridades de asuntos internos que velen por el actuar apegado a la legalidad.

Observamos que este tema se ha debatido desde diversos puntos de vista en el Congreso, pero resulta imperativo lograr un marco jurídico que tenga las bases que hemos mencionado de manera inmediata.

5.- Aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Es necesario que se discuta y se apruebe una Ley de Seguridad Interior que norme el papel y la intervención de las Fuerzas Armadas solamente cuando la Seguridad estatal y municipal se vea superada. En este sentido es importante que se precise su actuación en labores de seguridad pública, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su presencia. Es necesario brindarles certeza jurídica.

Por ello, la importancia de que inicien nuevamente las mesas de análisis para aprobar una Ley de Seguridad Interior, pues se ha aplazado esta discusión en el Congreso de la Unión.

Demandamos que, para brindar certeza jurídica a la actuación del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública, se debe concluir el análisis y el debate para lograr este marco legal.

Hoy estamos en el peor de los escenarios respecto de este marco legislativo, hemos discutido diversas opciones y no tenemos las disposiciones legales que permitan regular lo que hoy es una realidad en nuestro país. Por ello exhortamos al Congreso de la Unión que en el actual periodo legislativo se apruebe esta ley en beneficio de los mexicanos.

Finalmente como sociedad queremos dejar 2 exigencias puntuales.

Primera, que los 3 órdenes de gobierno, impulsen planes emergentes de seguridad, que contemplen diagnósticos y metas basados e indicadores públicos, que comprometan la reducción de los principales delitos que laceran a la sociedad, por lo tanto convocamos a que un plazo no mayor de 2 meses cada entidad federativa presente y ponga en acción dichos planes. Estaremos atentos y observaremos dicha ejecución.

Segunda, que desde el Gobierno Federal se haga un informe público de delitos en materia de Derechos Humanos, asesinatos de periodistas y delitos electorales. Uno de los valores más importantes que debemos tener es la transparencia y rendición de cuentas, que son fundamentales para el avance democrático y social de nuestro país.

Creemos que la seguridad de nuestras y nuestros periodistas debe ser una obligación estatal y que cada uno de los casos de violencia contra ellos, debe hacerse con la debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables. No podemos permitir que los asesinatos contra esta parte importante de la sociedad queden impunes.

Asimismo, ante los tiempos electorales que inician en nuestro país es fundamental tener la información inmediata sobre las denuncias de los delitos electorales y los avances que se estén realizando sobre las mismas; con ello podremos generar confianza en la legalidad de los próximos procesos electorales locales y federales.

Y finalmente, es indispensable que como sociedad podamos conocer y estar informados sobre los avances de las investigaciones relacionados con los delitos que vulneran los derechos humanos, que sin duda son un factor que desacredita a una sociedad y que no pueden quedar impunes.

Desde los organismos de la sociedad civil aquí presentes estamos convencidos en la importancia de ser parte de la solución, por ello es necesario crear las condiciones para que la ciudadanía cuente con instituciones sólidas que puedan protegerla.

Demandamos a los Poderes Ejecutivos y Legislativos, Federales y Locales den prioridad al rediseño institucional para fortalecer la Seguridad Pública, bajo una estrategia de coordinación nacional, sentando las bases con políticas de Estado y visión de largo plazo, en beneficio de la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, que nos permita abatir los altos índices de criminalidad. Para que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de vivir en paz.