El 18 de junio de 2008 se puso en marcha en México la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública con el propósito de enfrentar la crisis de inseguridad y violencia criminal que nos aqueja.

La Reforma sienta las bases legales para sustituir el viejo sistema inquisitivo por el sistema de justicia acusatorio y oral, que deberá aplicarse en todo el país en 2016.

La reforma constitucional, aprobada en junio de 2008, sentó las bases para transformar el marco jurídico y la operación de todos los eslabones que integran al Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública en México. Tanto los que se relacionan con la procuración y administración de justicia, la incorporación de elementos del debido proceso y los juicios orales, como aquellos que se utilizan para la prevención social del delito, su investigación, los mecanismos por los que se juzga a los presuntos implicados e imputados en la comisión de delitos, la ejecución de penas, la reforma a los cuerpos policiacos y la operación del sistema nacional penitenciario.

A menos de año y medio de concluya el plazo constitucional para que la reforma aplique, de manera integral en toda la República, aún quedan pendientes que requieren ser atendidos de manera urgente, a riesgo de que todo el esfuerzo realizado por los actores institucionales que operan al Sistema, por los gobiernos estatales, el gobierno federal y una pléyade de organizaciones de la sociedad y especialistas en seguridad y justicia que dedicamos nuestros esfuerzos a promover la transformación y fortalecimiento de las instituciones del país para contar con un eficaz sistema de impartición y administración de justicia y un modelo de seguridad pública eficiente, se vean truncados, con todas las implicaciones jurídicas, políticas y de seguridad que esto tenga para el país.

Con relación al sistema nacional penitenciario, al menos desde 2005 existen múltiples evidencias que ilustran que las cárceles castigan más a los pobres y delincuentes menores y, al menos desde 2010, diversas investigaciones han documentado la caótica situación que se vive en un importante número de los llamados centros de readaptación social, federales y estatales.

Donde a la falta de control efectivo de las autoridades sobre los reclusos se suman los altos índices de violencia, corrupción y colusión de autoridades, custodios e internos, fugas, tráfico de drogas, falta de provisión de servicios básicos a los internos, cobro de cuotas, actividades delictivas intramuros, sobrepoblación, hacinamiento, asesinatos, adicciones, contaminación criminógena, un alto porcentaje de la población carcelaria del fuero común sin sentencia y violación recurrente a los derechos humanos de los internos, de sus familiares y de las personas que los visitan.

Para transformar esta situación de raíz, no basta con implementar mediadas casuales, que atiendan la circunstancia del momento, sino que se requiere acciones concretas y direccionadas entre las que se encuentran:

Legislar, aprobar y aplicar una nueva Ley de Ejecución Penal. Precisando que esta no puede ser cualquier ley. Se trata de hacer la mejor ley posible. En este tema particular, en México SOS hemos convocado a un grupo de especialistas que están generando una propuesta concreta, ambiciosa y viable.

La creación de un organismo autónomo que certifique o acredite los centros penitenciarios del país (a nivel municipal, estatal y federal).

La profesionalización del personal que administra los reclusorios, entre otras.

Para que esto ocurra, hay un imperativo inicial: que concentremos nuestra energía en la misión, en el objetivo de nuestro quehacer; que antepongamos el bien común al bien personal o institucional. Este es el ánimo y propósito que nos anima a quienes participamos en este Foro, denominado: “ESTADO Y SOCIEDAD HACIA UN NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”.