La frecuencia y número de hechos de impunidad que se presentan en nuestra vida cotidiana han despertado la preocupación de la comunidad internacional y colocado a nuestro país entre los peor calificados dentro del Índice Global de Impunidad 2015; dando cuenta de la vergonzosa permisividad con que contamos los mexicanos para trasgredir nuestras leyes sin ser sometidos a una sanción proporcional a las faltas que cometemos.

Importa señalar que cuando hablamos de transgredir la ley no nos referimos sólo al ámbito de la delincuencia común u organizada, sino a todos esos espacios de la vida social donde actuamos y se moldean las formas que tenemos de relacionarnos como comunidad y de construir nuestro desarrollo como sociedad, a partir de un acuerdo mutuo que se encuentra cifrado en el beneficio común y el respeto a la ley.

Por este motivo, cabe señalar que nos convertimos en generadores y promotores de la impunidad y su grotesca hermana siamesa, la corrupción, cuando conducimos a alta velocidad, nos pasamos un alto intencionalmente o estacionamos nuestro auto en un lugar prohibido y pagamos “mordida” para no ser sancionados; o cuando incurrimos en la misma práctica para facilitarnos la realización de algún trámite oficial, para incumplir con una obligación fiscal, obtener el acceso a un servicio público o recibir un beneficio social sin cumplir con los requisitos establecidos, por mencionar algunos ejemplos.

Si bien los hechos señalados no son cosa menor, pues hacen evidente la fragilidad de las leyes con que contamos para normar nuestra vida colectiva y la escasa voluntad de un importante sector de la ciudadanía dispuesta a aceptarlas y respetarlas, existen otros niveles de impunidad y corrupción que contribuyen a quebrantar gravemente nuestra confianza en la ley, en nuestras instituciones y en la justicia; dejándonos la sensación de que en éste país todo se vale, que no se pueden cambiar las cosas y no tenemos remedio como sociedad.

Me refiero con ello al papel y desempeño de un gran número de nuestros gobernantes, autoridades y representantes populares, que mucho tienen que ver ¾por acción u omisión¾ con la promoción y generación de la impunidad y corrupción que nos agobia; en tanto servidores públicos responsables de dirigir la vida de las instituciones del Estado y los destinos de nuestra sociedad.

Baste con recordar que México goza históricamente del nada decoroso prestigio mundial de contar dentro de su clase política con servidores públicos ¾dentro de los tres ámbitos de gobierno¾ con propensión a practicar y tolerar diversas formas de corrupción, como el soborno, el tráfico de influencias y nepotismo, así como de utilizar, sin pudor alguno, sus cargos para realizar favores políticos a cambio de beneficios económicos que muchas veces dan pie al enriquecimiento ilícito y se constituyen en fraudes al erario. O, sobre todo durante los últimos años, han resultado estar ligados a actividades relacionadas con el lavado de dinero, el narcotráfico y complicidad con organizaciones criminales.

Quizás en ello resida la poca confianza que los ciudadanos tenemos en nuestros gobernantes y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes, quienes gozan de amplias facultades para el ejercicio discrecional de sus cargos, para disponer de los recursos materiales y financieros de las instituciones bajo su responsabilidad y muy pocas obligaciones para rendir cuentas transparentes sobre sus actos y desempeño institucional.

Esto no quiere decir que la sociedad mexicana no tenga remedio y que estaremos por los siglos de los siglos enlodados en el mar de la corrupción e impunidad. La grave situación por la que atraviesa el país exige de todos sus ciudadanos un cambio de actitud para involucrarnos en la vida pública y demandar un alto a la corrupción e impunidad existente; venga de donde venga: incluidos nuestros gobernantes y más altas autoridades.

@Alejandro_Marti l @MexicoSOS