Sobre la sentencia “absolutoria” de Rafael Caro Quintero llama la atención que un mes antes de su liberación haya promovido un amparo en contra de cualquier orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos. Pareciera que sus abogados tenían información relevante sobre el sentido de la sentencia que unas semanas después emitiría un tribunal colegiado

Desde su creación, México SOS ha insistido en la necesidad de modificar y modernizar nuestras leyes e instituciones, con el objetivo de garantizar que la justicia sea accesible, transparente e imparcial, y que cumpla con el debido proceso. Por ello celebro que el jueves de la semana pasada el Senado de la República haya aprobado por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Me niego a asumir que la violencia es una maldición irremediable con la que tendrán que convivir nuestros hijos y nuestros nietos, sólo porque los órganos de seguridad y justicia nos han quedado a deber y, a su vez, los ciudadanos no hemos exigido nuestro derecho fundamental a la seguridad y la justicia.

En el caso del secuestro de mi hijo Fernando todavía hay muchos cabos sueltos y varios procesos pendientes, la mayoría de ellos bajo la incertidumbre de que los culpables salgan libres o les reduzcan las penas.

Soy un convencido de que nuestra sociedad cuenta con ciudadanos y organizaciones comprometidas en la lucha por transformar pacíficamente esta realidad que no deja satisfecho a nadie, sin necesidad de embarcarnos en aventuras que, haciendo uso de la violencia sin sentido, se empeñan en transitar a estadios que no garantizan la solución de nuestros problemas y sí contribuyen a profundizar los enconos heredados del pasado.

A pesar del mandato constitucional que establece que en junio de 2016 concluya la implementación de la reforma de justicia penal en todo el país, a febrero del presente año solamente 16 entidades habían iniciado su proceso de transición hacia el sistema acusatorio.

A dos años de que concluya el plazo constitucional para que opere de manera integral el nuevo sistema de justicia penal, hay que insistir en las tareas que faltan: una nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, la aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal e Intensificar el proceso de capacitación, certificación y profesionalización homologado de las policías.

Una parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos.

Si bien es de considerar el valor y significado que la Estrategia por la Seguridad de Tamaulipas tendrá en el fortalecimiento de las políticas de seguridad y en el combate contra el crimen organizado, es inocultable que el amplio despliegue militar no terminará inmediatamente con el clima de inseguridad y violencia que sigue privando en la entidad, debido a las persistentes confrontaciones entre grupos criminales, los incesantes homicidios, secuestros y extorsiones.