El proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad y justicia, se integra por un catálogo de propuestas que, en conjunto, anuncian “un cambio total a la estrategia para atender el problema de la inseguridad y la violencia”.
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El último punto amerita particular atención, puesto que contempla adoptar un cambio radical de estrategia en el combate al delito y una completa implementación del sistema acusatorio; tarea que, se considera, corresponde al Poder Ejecutivo. Asimismo, señala que, de continuar el Ejército en las calles, se hace necesario aprobar la Ley de Seguridad Interior; tarea que, como ya ocurrió, correspondería al Poder Legislativo. En tanto que al Poder Judicial le correspondería implementar una homologación de criterios para que sean aplicados por los jueces en casos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Adicionalmente, se contempla:
Asimismo, se plantea emprender “una urgente revisión exhaustiva” al sistema nacional penitenciario y aplicar “medidas de emergencia” para brindar posibilidades reales de reinserción social a las personas privadas de su libertad, dentro de las que se contemplan: a) La separación de los internos por su estatus jurídico (procesados y sentenciados), tal como mandata la ley; b) dividir las áreas de los centros penitenciarios para propiciar la clasificación y separación espacial de los sentenciados: de recién ingreso al penal, quienes se encuentran a mitad de su sentencia y quienes están a punto de cumplir su sentencia; c) generar las condiciones materiales, normativas y operativas –contempladas en la ley– para propiciar la reinserción social; d) la creación de un Patronato Post-liberacional que garantice la exitosa reinserción social de las personas que hayan cumplido su sentencia. En materia de procuración de justicia, una ventaja que se advierte en la formulación del proyecto, es que: a) prioriza el impulso de cambios legislativos para fortalecer la autonomía del Poder Judicial y eficientar su operatividad, al considerar que “su función no puede estar supeditada a los intereses del Ejecutivo" (particularmente en el nombramiento de jueces y Ministros); b) el establecimiento de tipos penales especiales para combatir la opacidad, simulación y corrupción de todo funcionario que preste sus servicios en los órganos de procuración de justicia; c) para promover la profesionalización y honestidad de los Ministerios Públicos e impulsar el servicio civil de carrera en los órganos responsables de la procuración de justicia mediante mecanismos de capacitación única, permanente y obligatoria; d) la creación de Ministerios Públicos y Policías Ministeriales por tipo de delito; e) crear las condiciones propicias para garantizar la coordinación de los cuerpos de seguridad y las instancias responsables de la procuración de justicia. Mecanismos todos ellos “encaminados a fortalecer la consolidación la consolidación del sistema penal acusatorio y la vinculación del derecho penal con una política criminal concreta”. Seguridad Pública Calificada como disruptiva, inviable y absurda por sus críticos, oponentes y algunos analistas, la propuesta de política pública en materia de seguridad, presentada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parte de considerar que la crisis que vivimos "es mucho más profunda y grave que un asunto de policías, narcotraficantes y ladrones", señalando que "ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado, con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico", sin que eso signifique desmantelar la estructura financiera de los cárteles. Señalado que la estrategia aplicada en la actual administración no ha funcionado, al considerar que ha estado orientada por medidas coyunturales y reactivas, enfocadas a atender las consecuencias y no a las causas que generan la violencia criminal e inseguridad, y cifradas en el lucimiento político antes que en la atención eficaz del fenómeno a largo plazo y en beneficio del Estado nacional. De forma tal que una vez que han iniciado las campañas electorales, en su proyecto de gobierno 2018-2024, AMLO considera que la estrategia seguida durante los últimos once años se ha reducido a la aplicación de operativos reactivos en zonas que se han visto sometidas a la violencia criminal, los altos índices delictivos y condiciones críticas de inseguridad, debido a que muchos de los gobernadores no han cumplido con su tarea y tampoco se les exige cuentas ni se les vigila en qué invierten el presupuesto destinado a la seguridad. Bajo estas consideraciones, AMLO tuvo el arrojo de plantear la necesidad de emprender un cambio en la estrategia de la política criminal seguida durante los dos últimos sexenios que, agrupadas bajo el Eje Sociedad Segura y Estado de Derecho, incluye 12 proyectos y subproyectos en los que contempla: Un ofrecimiento de amnistía para quienes están presos por delitos contra la salud (calificativo con el que la ley penal denomina al narcotráfico) sin ser propiamente parte del crimen organizado: campesinos encarcelados por siembra de estupefacientes o jóvenes que purgan condenas por posesión de marihuana, principalmente. El rediseño institucional del área de seguridad pública federal. Que incluye: a) la creación de un Gabinete de Seguridad, bajo la dirección del Jefe del Ejecutivo e integrado por la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y Gobernación, que se articularía con las autoridades estatales a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus homólogos en los estados de la República; b) la Coordinación de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, para garantizar un autentico Estado de Derecho; c) la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, conservando la existencia del Consejo Nacional de Seguridad como instancia deliberativa de consenso con los estados; d) el fortalecimiento de las estrategias de inteligencia (de información y tecnológicas, con el fin de hacer más efectiva y eficiente la atención policial y la procuración de justicia); e) analizar la pertinencia de crear una Guardia Nacional y crear la Policía Turística, adscrita a la Policía Federal, para garantizar la seguridad jurídica en zonas turísticas de alta importancia económica para el país. Proyecto Sociedad Segura. Comprende la puesta en marcha de: 1) una estrategia nacional encaminada: a mejorar las condiciones administrativas de los cuerpos de seguridad, fortalecer su formación profesional y su actualización tecnológica; 2) implementar una revisión del esquema de seguridad social, vivienda, seguridad social, vivienda, escalafón y de salarios del personal pie a tierra; 3) implementar una política de cero tolerancia a la corrupción en corporaciones policiacas y militares, ministerios públicos, juzgados y demás instancias de seguridad pública y de procuración y administración de justicia; 4) crear la Contraloría Ciudadana para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos y el manejo de la información estadística relacionada con la violencia y erradicar la corrupción e impunidad dentro de los cuerpos de seguridad; 6) mejorar la capacitación y formación permanente de las policías para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio; 7) crear el Colegio Nacional de Seguridad Pública para formar mandos y cuadros policiales profesionales dedicados exclusivamente a proteger a la sociedad; 8) dignificar a las policías para que recuperen su prestigio, como garantes de paz y tranquilidad; 9) mantener al Ejército y la Marina en actividades de seguridad pública mientras se lleva cabo la reestructuración de los órganos policiales para después emprender su retiro paulatino y programado y 10) implementar una política penitenciaria de reintegración social del delincuente sentenciado. Proyecto Procuración de Justicia. Propone promover: a) la profesionalización, dignificación y tolerancia cero a la corrupción en el Ministerio Público, b) crear la especialización de los Ministerios Públicos y Policías Ministeriales por tipo de delito, mediante una capacitación única, obligatoria y permanente;c) promover la capacitación, especialización y profesionalización de los Ministerios Públicos por etapa procesal; d) promover la dignificación de la Fiscalías y sus servidores públicos; e) emitir un código de conducta para los integrantes de las instituciones de seguridad pública y administración y procuración de justicia; f) crear programas generales, de aplicación obligatoria, para la prevención de delitos que tengan mayor impacto en la estabilidad social; g) dotar de autonomía a los servicios periciales en su relación con los Ministerios Públicos y rediseñar el modelo de combate a la corrupción, trasladando las competencias de investigación, persecución y sanción de la corrupción al Poder Judicial. Crear el Mando Único en las corporaciones policiacas. Siguiendo la tendencia internacional, conformado por 32 corporaciones policiacas estatales en el país, para profesionalizarlas, orientar sus esfuerzos bajo la filosofía de “policía localizada” o comunitaria, de barrio o proximidad e incentivar la estandarización de los esquemas de prestaciones y acceso a servicios sociales en todo el país, para evitar que ciertos estados no puedan completar la certificación de sus policías en las pruebas de control de confianza debido a que otros estados, con mayores ingresos o fortaleza institucional, atraen a la mayor cantidad de oficiales, con lo que se limitaría la rotación de personal que favorece más a unos estados que otros. Auditorías a la procuración de justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, mayor autonomía a la Auditoría Superior de la Federación y transformación del Sistema Penitenciario, de un enfoque punitivo a uno rehabilitador y de reinserción social. A fin de fortalecer la institucionalización de las buenas prácticas del NSJP entre los organismos implementadores e instituciones estatales, que fueron recopiladas por la SETEC; para otorgarle una mayor autonomía a la ASF para que deje de ser un órgano dependiente de la Cámara de Diputados y se transforme en una entidad equiparable al INE, INAI o IFT, con capacidades para sancionar a partir de los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; para que el sistema penitenciario nacional esté en condiciones de garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos y que contribuya a su paulatina reintegración a la sociedad, para que a través del NSJP se implementen con mayor prontitud los MASC y revertir el proceso de saturación de los centros de reclusión. Implementar un programa de prevención social de la violencia y el delito, sujeto a mecanismos de transparencia y evaluación. Básicamente, la propuesta constituye un relanzamiento de PRONAPRED que, debido a la opacidad en su operación y las irregularidades en su manejo presupuestal, fue relegado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2016 para que, en sinergia con el NSJP, focalice sus esfuerzos en la atención de factores de riesgo a grupos vulnerables, bajo una visión holística y de atención a los derechos humanos. Expectativas del Proyecto El mérito de la iniciativa presentada por AMLO reside en que, en el contexto electoral actual, es el primer candidato en ofrecer una propuesta de política pública de seguridad que promete frenar la corrupción en las instituciones responsables de procurar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, poniendo en el centro de su atención la mejor utilización de los recursos destinados al combate a la inseguridad y violencia criminal, dando claridad a los criterios doctrinales con que operan los “cuerpos de seguridad y procuración de justicia”; impulsando políticas de prevención social del delito cifradas en la implementación de acciones para contrarrestar el desempleo, la pobreza y la desintegración familiar, a fin de sustituir al narcotráfico como una opción económica para los jóvenes, por alternativas de trabajo honesto y educación; y combatiendo la corrupción en los órganos responsables de la seguridad, administración y procuración de justicia. Asimismo, plantea la restructuración y desarrollo del sistema de seguridad, mediante la reubicación de las atribuciones que le fueron otorgadas a la SEGOB en materia de seguridad pública, por considerar que al ser centralizadas dificultaron la coordinación y suma de esfuerzos entre los cuerpos policiales, propiciando que el ejercicio de ellas se utilizara con fines políticos; el abatimiento de la corrupción policiaca, la dignificación de los cuerpos policiales mediante el mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales, así como la creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública. Planteamientos que a muchos han parecido pretenciosos pero que deja la sensación de que su formulación es el reflejo de una propuesta que busca darle viabilidad al monumental desafío de recuperar la paz y seguridad en el país mediante una transformación institucional, normativa y operativa de gran aliento que contempla:
Situación esta última, que abre las posibilidades para que su proyecto sea enriquecido con propuestas venidas desde las organizaciones de la sociedad civil, pues de acuerdo con su formulación, “como cualquier otra, es susceptible de enriquecimiento y complementación” y está encaminada a logra “la consolidación del nuevo sistema de justicia penal”. En sentido contrario, al proyecto le falta aclarar de qué manera se combatirá a los 14 grandes cárteles de la droga que operan en México, a fin de evitar su atomización y el incremento de las pequeñas bandas delictivas (se estima que existen actualmente 30 mil) que operan en casi todos los estados y municipios del país y tienen como principales actividades al secuestro, la extorsión, el robo de vehículos y el tráfico de todo tipo de drogas, la desaparición de personas y el asesinato; actividades que, según los especialistas, son las principales afluentes de la crisis de violencia e inseguridad que se vive en una gran extensión del territorio nacional. Además, hace falta definir cómo se combatirá la corrupción y colusión de gobiernos y autoridades estatales y municipales con la delincuencia organizada, así como qué atención se le dará, en lo particular, al amplio catálogo de actividades criminales, entre las que se encuentran: el tráfico humano, la venta de protección, la compra de tierras, el despojo de propiedades, el control de la piratería y los giros negros, el tráfico de armamento y el control total de las 49 aduanas que operan en el país. Importa destacar que la porosidad del sistema de aduanas y la corrupción de su personal permite el contrabando y los traficantes de armas, el cruce de dinero para su “lavado”, de carros “chocolate”, entre otras cosas, y que a través de las adunas marítimas arriban buques con cargamentos de droga o salen con cuantiosas sumas de dinero para pagar a los proveedores colombianos, venezolanos o panameños, principales proveedores de precursores para los cárteles mexicanos. 15 de enero de 2018 |
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