Comentario al proyecto de prevención social de la violencia y el delito de AMLO

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Comentario al proyecto de prevención social de la violencia y el delito de AMLO

Como parte de la política pública de Seguridad y Justicia, la propuesta de prevención de la violencia social y el delito, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra incluido en el Eje Sociedad Segura y Estado de Derecho, cuyo objetivo central supone relanzar el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). Al que implícitamente reconoce como una estrategia viable, pero que fue “congelado en la administración de Peña Nieto debido a la opacidad que privó en su operación, a la “la irregularidad en el manejo de su presupuesto” y en el abandono general de los programas de prevención del delito que se implementaron durante la presente administración federal debido a los recortes presupuestales asociados a la crisis económica que ha padecido el país.

No obstante, en sentido crítico, se señala que el PRONAPRED destinó, en 4 años de existencia, alrededor de 10, mil millones de pesos a acciones de prevención social; es decir, 2 mil 500 millones por año, “presupuesto equivalente a poco menos del doble de lo que cuesta mantener las cárceles federales” y, pese a las críticas, se considera que el PRONAPRED es una buena estrategia, que amerita recuperarse, a condición de dotarlo de mecanismos de transparencia y evaluación. Mismos que se integrarían mediante:

  • La creación de una plataforma en línea de transparencia total, abierta a OSC y a los medios de comunicación –en línea con las mejores prácticas de gobierno abierto– para la asignación o distribución de recursos presupuestales con base en evidencia empírica sobre qué funciona y qué no;
  • El establecimiento de mecanismos para evaluar tanto el diseño de los programas como los procesos de implementación y sus resultados e impacto, con asesoría técnica y acompañamiento constante de las instituciones académicas y OSC expertas en la materia, para garantizar el adecuado funcionamiento del programa. Lo que significa que deberán implementarse durante periodos superiores a seis meses y tener una continuidad de al menos 3 años para que sea posible medir sus resultados.
  • Distinguir claramente las acciones enfocadas al fortalecimiento de capacidades de funcionarios y policías, de las acciones enfocadas a la población (ciudadanía) beneficiaria del programa de prevención social de la violencia y el delito, separando claramente los fondos para cada uno de estos propósitos y evitar la duplicación de esfuerzos.


Importa destacar que el proyecto de prevención de la violencia social y el delito propuesto por AMLO, incluye estrategias transversales de política social, laboral, educativa y cultural, focalizada hacia los sectores más vulnerables y expuestos a los efectos de la violencia y actividad criminal —particularmente en los jóvenes—, las poblaciones penitenciarias e, inclusive, las instituciones de seguridad pública, para que de esa manera la propuesta de Proyecto de Nación 2018-2024 sea integral y tome en cuenta la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se analizan y de los cuales se proponen soluciones concretas.

En materia de seguridad y justicia, el propósito es que los planes y proyectos presentados incidan en la recuperación de la tranquilidad y la paz, ”destruida por las estrategias de seguridad pública y combate a la delincuencia que han sido puestas en práctica por las dos últimas administraciones”.

Señalando que “La búsqueda de la paz está motivada por el deseo de suprimir el dolor y la destrucción causados por el actual estado de violencia, pero también por la consideración de que ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente sin certeza jurídica y sin garantías para la seguridad física de sus integrantes”.

Razones por las que se considera como imperativo “devolver la paz a las calles y los hogares mexicanos” y, bajo esa lógica, las propuestas de todos los ejes temáticos están encaminados a lograr ese propósito.

De forma tal que el programa de prevención social de la violencia y el delito se encuentra asociado con diversos proyectos encaminados a promover, a escala nacional, regional o local, la creación de fuentes de trabajo, el impulso a las actividades productivas, particularmente las del agro, la inclusión de todos los jóvenes en programas educativos o laborales y la atención a los adultos mayores a través de diversas acciones y proyectos.

Por su formulación y alcance, se destaca la política de prevención encaminada a la atención de los jóvenes, pues tiene el propósito de Integrarlos en actividades laborales o académicas y dotarlos de herramientas para una vida mejor; alejarlos del desempleo y del camino de las conductas antisociales, acelerar la preparación de una gran reserva de jóvenes para las actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico a futuro, bajo dos componentes:

I. Jóvenes Construyendo Futuro. Cuyo objetivo es integrar a las y los jóvenes de 15 a 29 años en actividades de desarrollo humano, educativas, productivas, académicas, comunitarias, de capacitación y certificación laboral, y de incorporación al servicio público; con el propósito de atender cada año a 2 millones 600 mil jóvenes, en especial a quienes habitan en comunidades de alta marginación y en situación de pobreza y extrema pobreza, tanto en las zonas rurales y como en las urbanas.

Las acciones que comprenden este componente son:

Jóvenes reconstruyendo el campo. Con una cobertura de un millón de jóvenes que viven en zonas rurales o que quieren incorporarse a este ámbito, ya sea porque estudiaron carreras técnicas o profesionales afines al sector primario o porque tienen interés en el ámbito rural.

Brigadas de acción comunitaria. Compuestas por 822 mil 448 interesados en participar en acciones en beneficio de su comunidad. Las brigadas abarcarán desde protección civil, limpieza y saneamiento de las localidades de zonas turísticas, recuperación de espacios públicos y de alfabetización.

Jóvenes por la esperanza. Para incorporar a 225 mil jóvenes al año, quienes participarán en formación de jóvenes por la música, promotores de deporte, como promotores de la cultura de la paz; educadores de la salud sexual y reproductiva; en prevención de la violencia de género; promotores de la salud emocional, prevención de adicciones y nutrición.

Jóvenes + x venir. Que apoyará a 200 mil jóvenes que no han logrado una oportunidad de trabajo. En se pretende vincular a los jóvenes con empleos en la iniciativa privada, empresas de todos los ramos que brinden la oportunidad de capacitar y certificar, con la posibilidad de contratar a los jóvenes benefactores.

Emprende. A través de esta actividad se pretende apoyar cada año a 200 mil jóvenes emprendedores, interesados en iniciar un negocio o actividad económica y que requieran herramientas para desarrollar su plan de negocio e iniciar su empresa; además de gestionárseles el otorgamiento de capital semilla y/o créditos emprendedores que faciliten los requisitos para proporcionar la capacitación y los recursos económicos que garanticen el éxito empresarial de estos jóvenes.

Jóvenes becarios. Actividad que busca vincular a los jóvenes de educación superior con el servicio público, mediante la realización de prácticas profesionales, como becarios en el servicio público.

II. Jóvenes con escuela. Dirigido a 300 mil personas jóvenes, principalmente, para asegurar su ingreso a la educación media superior y superior; el acceso a ciberescuelas, becas jóvenes, que investigaciones y trabajos de tesis sobre medio ambiente y actividades agropecuarias, y apoyar a jóvenes en edad de secundaria o preparatoria para que continúen y concluyan sus estudios.

Asimismo, la estrategia contempla la posibilidad de generar espacios de atracción educativa y laboral para jóvenes que no estudian ni trabajan (Ninis), con la creación del Colegio de Nacional de Seguridad Pública, cuya función sería la de formar mandos y cuadros policiales profesionales altamente capacitados, dedicados exclusivamente a cuidar a la sociedad.

Adicionalmente, se contempla la implementación de una política de reintegración social del delincuente sentenciado que está encaminada a fortalecer las acciones de clasificación criminológica dentro de los penales y la implementación de penas alternativas, como el trabajo comunitario, para cierto tipo de delitos no violentos y, de acuerdo al perfil de los infractores, encaminado a disminuir la reincidencia delictiva y revertir el proceso de saturación del sistema penitenciario. Mecanismos todos ellos que serían apuntalados por un proceso de reinserción laboral para las personas que hayan cumplido su sentencia.

En conjunto, la propuesta está encaminada a contrarrestar el desempleo, la pobreza y la desintegración familiar, con el fin de sustituir al narcotráfico y la delincuencia común y organizada como una opción económica y laboral para los jóvenes, por alternativas de educación y trabajo honesto.

Como mecanismo para apuntalar la estrategia, se contempla la implementación del una política de fomento cultural, denominada Cuidaremos el patrimonio cultural de México, cuyo objetivo sería el estimular la creación artística desde la educación básica y otorgar apoyos a músicos, artesanos, escritores, pintores, escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la creación y a la promoción artística y cultural, encaminada a darle soporte a una política de protección, promoción y difusión de la cultura nacional, encaminada a:

  • Fomentar la cultura y las artes;
  • Promover la construcción de ciudadanía;
  • Incrementar la promoción de las artes y el apoyo al desarrollo del talento artístico;
  • Apoyar a la recuperación de espacios públicos;
  • Promover los lazos comunitarios;
  • Reforzar los valores de convivencia y participación social; y
  • Universalizar el acceso al arte y la cultura, y llevarlos a los espacios públicos a las colonias y barrios populares.




     
   
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