Factores sobre los que se asienta la propuesta de privatización
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Cabe agregar que la iniciativa tenía su razón de ser, pues de los 44 mil 991 presos por delitos federales que existían en ese momento, aproximadamente el 82% se encontraba recluido en prisiones estatales o municipales. Factor que muchos analistas atribuyen a los efectos de la llamada guerra contra el narcotráfico, que había iniciado el gobierno calderonista a finales de 2006 y que, efectivamente, derivó en un incremento de las detenciones de integrantes de los grupos de la delincuencia organizada y el incremento de la población penitenciaria. ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Con la construcción de los 8 penales planeados, los reclusorios de administración federal se incrementarían a 21, aunque en la actualidad el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 17 Centros Federales de Readaptación Social que incluyen 7 Centros construidos bajo el esquema de Contratos de Prestación de Servicios (CPS), dos Complejos Penitenciarios y un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), que son administrados por el OADPRS los cuales tienen como misión garantizar las condiciones de seguridad máxima dentro de la normatividad, en un ambiente digno y de respeto a los derechos humanos, así como el fomento de la readaptación social con base en la disciplina y el trabajo. Los ocho penales que se construyeron con capital privado fueron: El CEFERESO Nº 11, en Hermosillo, Sonora, el CEFERESO Nº 12, en Ocampo, Guanajuato, el CEFERESO Nº 13, en Miahuatlán, Oaxaca, el CEFERESO Nº 14, en Gómez Palacios, Durango, el CEFERESO Nº 15, en Comatitlán, Chiapas, el CEFERESO Nº 16, en Morelos y el CEFERESO Nº 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán; quedando pendiente, en la actualidad, el CEFERESO de Ramos Arizpe, Coahuila. EL MODELO DE CONTRATOS Los contratos de concesión fueron otorgados a empresas como ICA, Homex y Tradeco, entre otras, por un plazo de 20 años, e implican un pago por el diseño del complejo penitenciario, la construcción y el equipamiento de las instalaciones y de algunos servicios tecnológicos. Estableciéndose la disposición de que las mismas empresas que se encargaron de la construcción operarían los servicios básicos de alimentación, lavandería y limpieza, entre otros, en tanto que la seguridad (custodia y vigilancia) se mantiene en manos del gobierno federal y los gobiernos estatales. El antecedente de este esquema de financiamiento es el modelo de prisiones 100% privadas, que se aplicó en los Estados Unidos y el Reino Unido, mismo que ha caído en desuso durante los últimos años, debido a que han recibido críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos por considerar que su esquema de operaciones propicia abusos en contra de los internos y que los sistemas de internamiento aplicados son menos seguros. LA OPERACIÓN DEL MODELO DE PRISIONES CONCESIONADAS Conforme al estudio Privatización del Sistema Penitenciario en México, elaborado en 2016 por Documenta, A.C. y Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., entre otros, los centros de reclusión construidos bajo esta modalidad financiera están focalizados en el modelo de máxima o alta seguridad, lo que permite una mayor inversión en la infraestructura y en las condiciones de seguridad (rejas, puertas blindadas, cámaras de seguridad), pero sin tomar en cuenta los aspectos de reinserción social o de contacto con las familias.
De acuerdo con dicho diagnóstico, se sabe que los internos son mantenidos en sus celdas la mayor parte del día, con lo que se restringen las actividades educativas, de capacitación laboral y de esparcimiento, así como el derecho a atenderse problemas de salud. En opinión de la Tercer Visitadora de la CNDH, Ruth Villanueva, responsable del estudio e informe que estamos citando: “Tenemos los mejores hospitales en los centros federales, no hay objeción, pero no hay médicos ni medicinas; el centro escolar está muy bien, pero no hay maestros ni un solo alumno; están los talleres perfectos, pero no hay trabajo. Las instalaciones lucen no sólo vacías, sino prácticamente nuevas”. Más aún, los resultados del diagnóstico de calidad penitenciaria que realiza la CNDH arrojan que los penales en esquema CPS obtuvieron una calificación promedio de 6.93, que es incluso menor a la que tienen las cárceles que son operadas por el gobierno federal, que obtuvieron 7.34. En sus conclusiones, el dictamen coincide con la opinión de expertos en la materia, en que el esquema de privatizar parte del sistema no es una alternativa que evite los problemas que aquejan a las prisiones públicas, pues replica deficiencias que impiden el cumplimiento de los objetivos de la reinserción social.
FUENTES CONSULTADAS: Aurora Vega, Abrirán 8 nuevos penales federales; participa la IP en su construcción, Excélsior, 10 de febrero de 2012, consultado en: http://www.excelsior.com.mx/2012/10/02/nacional/862069 Rodrigo Vega, Las prisiones como negocio privado, Proceso, 16 de agosto de 2014, consultado en: http://www.proceso.com.mx/379678/las-prisiones-como-negocio-privado Documenta/Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., et. al. Privatización del Sistema Penitenciario en México, agosto de 2016, consultado en: http://www.documenta.org.mx/layout/archivos/2016-agosto-privatizacion-del-sistema-penitenciario-en-mexico.pdf ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, Apartado: Prevención y Readaptación Social, Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04D00-02-0014 14-GB, México, 15 de febrero de 2017, Consultado en: http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Mensaje_ASF_IRCP15.pdf 1 de noviembre de 2017. |
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