La defensa mediática de “El Chapo”: entre lo sublime y lo ridículo

Por Orlando Camacho

Nada resulta más noble que los esfuerzos realizados por una familia para proteger a uno de sus miembros; sobre todo cuando éste ha caído en desgracia.

Sin duda, también resultará admirable el que dicha familia se afane en utilizar todos los recursos con que cuenta para exaltar el lado noble de su ser querido y hasta resultará entendible que le reconozcan cualidades morales que antes de que cayera en desgracia no le habían descubierto, al grado de esgrimirlas como recurso en su defensa: ya sea frente a la fatalidad que le afecta o ante la maldad de esos oscuros enemigos, que salidos de la nada, lo buscan dañar. Nada hay de condenable en ello y sí mucho de sublime; especialmente viniendo de ese círculo vital que representa la familia.

Pero las cosas cambian, transitando de lo sublime a lo ridículo, cuando el gesto familiar es empleado por individuos emparentados con un delincuente, sobre el que pesan las acusaciones de ser el narcotraficante más importante en México y los Estados Unidos, que está siendo procesado por delincuencia organizada, cohecho y delitos contra la salud. Al que se le sigue juicio bajo la acusación de ser considerado el líder de una de las organizaciones delictivas más peligrosas del mundo (el Cártel de Sinaloa) y quien durante veinte años, valiéndose de un poderoso grupo de abogados, de las obsolescencias del viejo sistema de justicia penal y de todas las triquiñuelas jurídicas a su alcance, ha evadido el peso de la justicia y se ha fugado dos veces de cárceles de máxima seguridad.

Traigo a colación el tema, porque todos hemos sido testigos de cómo, desde hace dos meses en que fue recapturado, Joaquín El Chapo Guzmán ha desplegado una campaña mediática encaminada a victimizarse ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional, recurriendo a argumentos falaces para reclamar tratos de privilegio que no guardan ninguna relación con los derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Y mucho menos con quienes han sido clasificados como reos de alta peligrosidad, procesados, juzgados y sentenciados por actividades vinculadas con la delincuencia organizada, como en su caso.

Lo peor de todo, es que en un despliegue de recursos que se traducen en un burdo chantaje sentimental para concitar la consideración de la opinión pública, ha utilizado a su esposa y hermanas para denunciar que es víctima de tratos “discriminatorios”, “maltrato psicológico”, restricción de alimentos, atención médica y comunicación con sus familiares y abogados, debido a que le han sido aplicados los protocolos de seguridad que establece la ley para reos de alta peligrosidad.

Dichas “quejas” han sido desmentidas públicamente por las autoridades penitenciarias, quienes han ofrecido puntual información para hacernos saber que durante los primeros dos meses de internamiento después de su recaptura, Guzmán Loera ha recibido la visita de sus dos hermanas y esposa, ha recibido 18 consultas médicas en más de 10 ocasiones, que ha participado en 3 audiencias con criminólogos, trabajadores sociales y psicólogos, además de haber recibido la visita de sus abogados en 5 ocasiones.

Otra de las quejas de El Chapo se deriva de que ha sido cambiado de celda en 18 ocasiones, olvidando que dichas disposiciones legales, establecidas en el Artículo 18 constitucional, facultan a las autoridades penitenciarias a imponer medidas especiales de vigilancia a quienes se encuentran recluidos en los centros federales de readaptación social y que además, hemos de insistir, es un reo que tiene en su haber dos fugas de penales de máxima seguridad.

Por tal motivo, resulta ridículo que un delincuente responsable de delitos aberrantes, que han causado la muerte de un número indeterminado de mexicanos, dando muestras de un inmenso poder corruptor y alto grado de inmoralidad, mande a su abogado y hermanas a realizar una huelga de hambre a las afueras del penal de alta seguridad del Altiplano, para reclamar tratos piadosos que nada tienen que ver con el respeto a sus derechos humanos.

Sobre todo, no podemos soslayar que como producto de los amparos otorgados por diversos juzgados y tribunales, El Chapo recibió privilegios dentro de prisión, que sumados a los recursos económicos de que dispone, le abrieron la posibilidad de corromper al personal de custodia para obtener múltiples beneficios que fueron utilizados para ejercer su poder sobre la población penitenciaria de los centros donde ha estado recluido, posibilidades de movimiento en áreas y horarios no autorizados para los internos, que fueron aprovechados para mantener contacto con el exterior y fraguar sus dos fugas.

Pero peor resulta su mascarada, al utilizar a quien presume de ser su hija para anunciar que ha sido víctima de supuestas traiciones por parte de algunas autoridades gubernamentales, políticos y de su propio grupo delictivo, que sirvieron para que fuera recapturado, y que dichos argumentos sean utilizados por su familia para lanzar la amenaza de hacer públicos los nombres de los supuestos involucrados.

Sin duda, los tintes de drama en que se ha convertido el juego perverso desencadenado por uno de los más grandes criminales del mundo, dejan entrever el temor que le representa la posibilidad de que uno de los dos juicios de extradición que pesan sobre su cabeza se puedan convertir en realidad para que en breve sea procesado y sentenciado bajo la acusación de ser el jefe del Cártel de Sinaloa, de ahí que recurra al burdo chantaje de que “ha sido víctima de una traición”.

Más aún, en su juego de perversiones argumentales, sin aportar prueba alguna de sus dichos, se advierte la intención de querer desencadenar una crisis de credibilidad en las instituciones penitenciarias y en el propio gobierno de la República, para capitalizarla en su beneficio y provocar que sus demandas de disfrutar de privilegios dentro de la prisión sean atendidas sin justificación alguna, tirando por la borda los enormes esfuerzos que se realizan las autoridades penitenciarias para garantizar su resguardo tras las rejas, como merece un criminal de alta peligrosidad que ha dañado profundamente a la sociedad mexicana con sus actividades.