PRESENTACIÓN

Todo Estado democrático cuenta con un marco normativo —integrado por leyes, instituciones y disposiciones reglamentarias— que regulan su vida comunitaria para garantizar a la población civil el desarrollo ordenado de la convivencia, la permanencia de la paz social, de su seguridad física y patrimonial.

No obstante, para su preservación y desarrollo futuro, es función de toda sociedad democrática promover entre sus habitantes la aceptación de ciertas conductas de carácter recíproco para lograr que los individuos que la integran se abstengan de realizar actos que, por distintas razones, son considerados perjudiciales para mantener la paz y el orden social; así como de, bajo una óptica contraria, estimular la adopción y puesta en práctica de aquellas que resultan útiles para satisfacer las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales donde se asienta la continuidad y desarrollo futuro de la vida colectiva.

Bajo este orden social, jurídico y político, todo ciudadano tiene derecho a demandar del Gobierno y las instituciones del Estado la garantía de contar con condiciones específicas de seguridad pública y jurídica para el desarrollo de sus actividades (individuales y sociales) y el acceso a una justicia pronta y expedita: en apego al orden constitucional establecido, a sus derechos humanos y libertades ciudadanas.

Descarga documento: Diagnostico sobre el Sistema Penitenciario