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POSICIONAMIENTO México SOS avala la integración de una Comisión, de la verdad o de notables, con la participación de defensores de derechos humanos, especialistas criminólogos y en desapariciones forzadas, para que se realice una investigación independiente que contribuya a esclarecer los hechos, fincar o deslindar responsabilidades de las autoridades en la atención y seguimiento de la represión, asesinatos y desaparición forzada pero, por sobre todo, que coadyuve a la localización y presentación de los 43 estudiantes desaparecidos. Investigar a todas las autoridades locales y federales que pudieran estar implicadas en la represión, por acción u omisión, y por evadir la responsabilidad de denunciar la situación de violencia, presencia de grupos delictivos y de sembradíos de droga en la entidad. Demandar que el Secretario de Gobernación explique e informe al Congreso y la opinión pública por qué al contar con información sensible sobre la situación de violencia y criminalidad en Guerrero, desde 2013, de los reportes del CISEN sobre los vínculos del Presidente municipal de Iguala con el crimen organizado y de las fosas clandestinas encontradas, en abril y mayo del presente año, en las inmediaciones de Iguala, no actuó en consecuencia bajo un programa preventivo para combatir y disuadir la actividad criminal de los cárteles asentados en la zona. Que la PGR explique la desatención a las denuncias sobre la participación directa de Abarca en crímenes políticos en Iguala y, sobretodo, su opaca participación en la lucha contra el crimen organizada y en el fortalecimiento jurídico y legal del país. Iniciar una investigación sobre los actos de vandalismos cometido en contra de las instalaciones del Congreso local, de saqueos a tiendas comerciales y bloqueos a carreteras por grupos sociales y políticos de la entidad, con el propósito de fincar responsabilidades penales a los inculpados e impedir que se reproduzcan actos de impunidad al amparo de protestas sociales, pues de permitirlos se estaría contribuyendo a alentar el estado de ingobernabilidad que afecta la vida institucional en el estado. SIGNIFICADOS POLÍTICOS La comisión de acciones criminales y omisiones institucionales en los acontecimientos relacionados con la represión, asesinato de 6 personas y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, configuran una crisis de inseguridad, impunidad e incapacidad gubernamental para cumplir con el imperativo constitucional de brindar seguridad a la vida, los derechos y libertades de la ciudadanía, y garantizar el orden y la paz social en Guerrero. Pero, peor aún, en la comisión de los ominosos hechos confluyen factores asociados que configuran una crisis de credibilidad y eficacia que involucra el actuar de los tres órdenes de gobierno y de las instituciones, todas, responsables de garantizar la seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal. En primer lugar, derivadas de las nada afortunadas declaraciones vertidas por el Ejecutivo Federal, en boca del Secretario de Gobernación, al día siguiente de los acontecimientos, señalando que el problema se reducía a un asunto local, soslayando que los hechos tuvieron lugar en una zona de alta conflictividad criminal y que en ellos se violaron de manera flagrante y despiadada los derechos humanos de todas las personas afectadas. En segundo lugar, la tardía intervención del Gobierno federal propició que se encadenaran, primero, las protestas de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional y, posteriormente, las demandas de esclarecimiento de los hechos por parte de organismos internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Parlamento Europeo, el gobierno de lo los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos movimientos estudiantes en países de Europa, Asía y América Latina, que afectaron la imagen internacional del país y cuestionaron la estrategia de lucha antidrogas del gobierno mexicano, poniendo en entredicho la estabilidad y conveniencia de mantener las inversiones de capital extranjero ante lo que pareciera ser una pérdida de confianza en las instituciones mexicanas. Asimismo, los acontecimientos en Iguala dejan entrever el fracaso de la estrategia de combate contra los cárteles de la droga y la inoperancia en la articulación de las instituciones que intervienen en la aplicación de la estrategia de seguridad pública a nivel federal (Policía Federal, Ejército, Marina y CISEN). Sobre todo en Guerrero, donde existe la sospecha de que hay 12 municipios controlados por la delincuencia organizada, donde operan 5 cárteles de la droga y se asientan los más grandes sembradíos de amapola en el país. Con relación a la iniciativa de integrar una Comisión de la Verdad y/o una Comisión de Notables, como propusieron un grupo de activistas y el recién nombrado gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, debería ser ponderado, ya que el mensaje que se estaría enviando a la sociedad mexicana DESDE LA CLASE POLÍTICA, a los gobiernos del mundo, a los socios comerciales del país y a los inversionistas, nacionales y extranjeros, es que las instituciones mexicanas carecen de credibilidad y/o capacidad para esclarecer la comisión de delitos de alto impacto y atentados contra las libertades y derechos humanos de los mexicanos. Por otra parte, es importante no alimentar el linchamiento político y mediático en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues las acusaciones mediáticas de las dirigencias del PRI, PAN y PRD, tienen claros tintes electorales en la ruta que seguirá la próxima elección de Gobernador en Guerrero, a realizarse en julio de 2015. Pero más aún, el que las acusaciones sólo sean declaraciones mediáticas, sin que ninguno de los involucrados haya tomado la iniciativa de presentar una denuncia judicial, responsabilizándole de tener vínculos criminales con José Luis Abarca y su esposa, con Lázaro Mazón o el propio ex gobernador Ángel Heladio Aguirre, desnudan la estrategia distractora que ha implementado la clase política toda para desviar la atención del problema e, hipotéticamente, amortiguar lo que puede ser la próxima noticia DE ALTO IMPACTO: QUE LOS 43 NORMALISTAS O UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE ELLOS FUERON ASESINADOS Y ENFRENTAR LO QUE PUEDEN SER LAS VIRULENTAS RESPUESTAS DE LAS GUERRILLAS Y LA PROTESTA SOCIAL. PERO MÁS AÚN, LAS PRESUNTAS IMPLICACIONES DE “COMPLICIDAD” QUE SE LE ATRIBUYEN AL TABASQUEÑO, LANGUIDECERÁN SI LA TODAVÍA HIPOTÉTICA COMISIÓN DE LA VERDAD O DE NOTABLES SE CONFORMA Y DE SUS INVESTIGACIONES SE DOCUMENTAN LAS OMIISONES Y NEGLIGENCIA EN QUE INCURIERON LAS MÁS ALTAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DEL PAÍS: ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, JESÚS MURILLO KARAM. PUES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN VI, SE LE CONFIERE AL JEFE DEL EJECUTIVO, QUIEN TAMBIÉN ES JEFE DE ESTADO, LA OBLIGACIÓN DE PRESERVAR LA SEGURIDAD NACIONAL, EN TANTO JEFE DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA NACIONAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; ASIGNÁNDOSELE LA FACULTAD DE DISPONER DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN INTERNO CUANDO EVENTOS INTERNOS LO ALTEREN, COMO OCURRIÓ EN IGUALA. EN TANTO QUE EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, COMO COORDINADOR DEL GABINETE PRESIDENCIAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TIENE AMPLIAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE CUMPLIR, DE ACUERDO CON LAS LEYES NACIONALES, PARA GARANTIZAR LA PAZ Y LA GOBERNABILIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y PARA EVITAR HECHOS COMO LOS OCURRIDOS EN CONTRA DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA. POR EJEMPLO: LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL HABILITA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN PARA EJERCER EL MANDO SOBRE LAS FUERZAS PÚBLICAS Y PROTEGER A LA POBLACIÓN NACIONAL ANTE TODO TIPO DE AMENAZAS Y RIEGOS, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES; SALVAGUARDAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA; ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR, BAJO SU ADSCRIPCIÓN, A LA POLICÍA FEDERAL, ASÍ COMO PROPONER, EN EL SENO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLÍTICAS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS Y DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLÍTICA CRIMINAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. DICHA LEY, TAMBIÉN ESTABLECE QUE EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEBE AUXILIAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, QUE LE SOLICITEN APOYO, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y LA PRESERVACIÓN DE SUS BIENES; INTERVENIR, CUANDO SE LE SOLICITE, PARA REFORZAR LAS TAREAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES, RURALES Y URBANAS QUE LO REQUIERAN, E INTERVENIR EN CASO DE PELIGRO O CUANDO SE VEAN AMENAZADAS FRENTE A SITUACIONES QUE IMPLIQUEN VIOLENCIA O RIESGO INMINENTE. MÁS AÚN, AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LA LEY TAMBIÉN LE CONFIERE FACULTADES PARA ACTUAR EN LAS TAREAS DE SEGURIDAD NACIONAL, POR LO QUE RESULTA SER EL RESPONSABLE DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REALIZA EL CISEN. QUIEN TIENE LA RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DE OPERAR TAREAS DE INTELIGENCIA, COMO PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL, QUE CONTRIBUYAN A PRESERVAR LA INTEGRIDAD, ESTABILIDAD Y PERMANENCIA DEL ESTADO MEXICANO, A DAR SUSTENTO A LA GOBERNABILIDAD NACIONAL Y A FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO. ASIMISMO, EL CISEN TIENE LA RESPONSIVA DE PREPARAR ESTUDIOS DE CARÁCTER POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL QUE SEAN NECESARIOS PARA ALERTAR SOBRE RIESGOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL, Y ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA SU ATENCIÓN, ASÍ COMO LA AGENDA NACIONAL DE RIESGOS. TAREAS, TODAS, EN LAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL REACCIONÓ DE MANERA TARDÍA U OMISA. UNA MEDIDA ALTERNATIVA PARA DESACTIVAR POSIBLES ACTOS DE VIOLENCIA GUERRILLERA Y/O SOCIAL, DE COMPROBARSE EL ASESINATO DE LOS 43 NORMALISTAS, SERÍA PROPONER LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE CONCORDIA NACIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE LA ACADEMIA Y PERSONALIDADES PÚBLICAS, QUE INVESTIGUE A PLENITUD, DE MANERA IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, LOS HECHOS OCURRIDOS, IDENTIFIQUE Y DOCUMENTE LAS RESPONSABILIDADES, CRIMINALES, POLÍTICAS E INSTITUCIONALES EN QUE INCURRIERON AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ESTABLEZCAN MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN Y DESAGRAVIO PÚBLICO DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILARES, ESTABLEZCAN UNA AGENDA, CON FECHAS PERENTORIAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PERMITA ENFRENTAR, DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE, A LOS CÁRTELES DE LA DROGA Y ERRADICAR LA COMISIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL; ASÍ COMO IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PENDIENTES PARA LA INSTAURACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN CIERNES. |
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