21/10 2013


La aprobación, en junio de 2012, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este delito, constituye un gran avance en la lucha contra este deleznable flagelo que asola a nuestro país, al permitir la implementación de mecanismos para su prevención, investigación, sanción y erradicación, así como de estrategias específicas para la atención integral, rehabilitación y reinserción social de las víctimas, tanto en el ámbito federal como en todas y cada una de sus jurisdicciones.
A poco más de un año de la aprobación de la Ley General, los logros pueden ser cuantificados a partir del incremento en los operativos realizados en contra de los giros negros en donde se presenta la trata de personas, por el número de denuncias recibidas, por las sentencias dictadas contra infractores y, más aún, por el significativo número de víctimas rescatadas.

No obstante, el 8 de octubre del año en curso, la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila, presentó una iniciativa de reforma, cuyo propósito es dividir el contenido de la Ley General, al promover que la regulación correspondiente a la protección y atención de los ultrajados sea trasladada a la Ley General de Víctimas. Con lo cual se deja de reconocer que las víctimas de los delitos de secuestro y trata de personas son objeto de daños y sufrimientos diferentes a los que reciben aquellas personas que han sido objeto de otros delitos de alto impacto y que, por lo tanto, su atención demanda acciones integrales que combatan uno a uno los diferentes elementos que constituyen este complejo tipo penal, y que por tal razón demandan la acción integral y coordinada de las instancias del Estado.

Más allá de los tecnicismo académicos esgrimidos para justificar la iniciativa, a poco más de un año de que entró en vigor la Ley General, no existen elementos de análisis jurídico que la desvirtúen, ni evaluaciones operativas imparciales y documentadas que descalifiquen sus resultados.

Por todo ello, hacemos un llamado a la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República a fin de que promuevan que dicha iniciativa se someta a discusión en mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia, a fin de que seamos escuchados.

Asimismo, solicitamos el apoyo de la ciudadanía en general, a que respalden esta petición a través de firmas electrónicas, en la dirección www.unidoshacemosladiferencia.com

¡No al retroceso en el combate a la trata de personas!