La Ley de Ejecución Penal debe hacer posible que el debido proceso no se agote al emitir el dictamen de sentencia a las personas que resulten responsables de la comisión de un delito, permitiendo que los jueces encargados de la ejecución penal cuenten con facultades para verificar que en la imposición de sentencia se garantice el derecho a la justicia de manera expedita y transparente, se respeten los derechos de las personas que cumplirán con una condena y que las condiciones de vida que privan en las cárceles no atenten contra la dignidad humana.
En nuestro comentario anterior dijimos que los estudios empíricos emprendidos desde la academia y las ONG, así como los reportes gubernamentales sobre la administración de nuestros sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, permiten delimitar -con cierta claridad- la naturaleza de los problemas que padecen nuestros centros de reclusión, identificar sus principales rezagos y establecer las más urgentes tareas a cumplir para alcanzar su positiva transformación en el corto plazo.
Por ejemplo, desde principios de este siglo se advirtió sobre la crisis que padecía el sistema y las causas que la propiciaban, entre las cuales se encontraba el crecimiento acelerado de la población penitenciaria, la saturación de los centros de reclusión y la corrupción y socialización de primodelincuentes con delincuentes consumados.
Problemas todos ellos que, con altibajos, se han mantenido latentes hasta la fecha y determinaron en muchos sentidos los objetivos a cumplir mediante la Reforma de 2008 para impulsar la restructuración del sistema penitenciario nacional y el eficientar los mecanismos para la ejecución de sentencias.
Dentro de estas iniciativas constitucionales se encuentran: la aprobación de mecanismos alternativos para la solución de controversias penales a fin de evitar, en lo posible, el cumplimiento de penas haciendo uso exclusivo de la reclusión de los infractores; reducir el uso de la prisión preventiva y aplicarla sólo con los reincidentes en caso de delitos graves y con integrantes de la delincuencia organizada, para evitar la saturación de los penales con personas en proceso por cometer delitos menores e impedir la convivencia de primodelincuentes con quienes tienen un largo historial delictivo en su haber; crear la figura del juez ejecutor y de un marco regulatorio para brindar mayor protección a los internos, con el fin de evitar componendas y actos de corrupción entre éstos y las autoridades.
Asimismo, se planteó crear el servicio de defensoría pública, fortalecer los mecanismos de reinserción social y se obtuvo el compromiso gubernamental de realizar una fuerte inversión presupuestal para dotar a los penales federales de mejor infraestructura y emprender la reubicación de los presos consignados por delitos del fuero federal que se encuentran cumpliendo su sentencia en los penales estatales. En el fondo, dicho objetivo está encaminado a lograr la disminución de la sobrepoblación en los penales todos: federales, estatales y municipales.
No obstante que dicho objetivo no se ha cumplido cabalmente y se reporta que en 41% de los 420 centros penitenciarios administrados por los tres órdenes de gobierno existe sobrepoblación, propiciando la reproducción de muchos de los problemas que aquejan al sistema penitenciario nacional, no podemos dejar de mencionar que es en los penales estatales y municipales donde se concentra el mayor problema de gobernabilidad, destacándose, por su excepcionalidad, Chihuahua y Baja California. Entidades que, casualmente, son las que más avances han logrado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y las cuales se destacan por haber alcanzado cambios altamente positivos en sus políticas de administración, supervisión y atención penitenciaria, al grado de contar con certificaciones internacionales que en muchos sentidos muestran el camino que habremos de recorrer a nivel federal para concretar la instauración de la reforma de justicia penal y lograr la reforma integral de nuestro sistema penitenciario.
Por tal razón, desde México SOS, en apego a los objetivos que nos hemos trazado desde nuestra fundación, y que no son otros que: a) impulsar y participar en el diseño de iniciativas de ley para promover los cambios y ajustes al marco jurídico que regula los sistemas de impartición de justicia y seguridad pública; b) participar activamente en la instauración y consolidación del nuevo sistema de justicia penal en México; y c) promover activamente la reforma al sistema nacional penitenciario, nos hemos dado a la tarea de emprender medidas concretas que permitan lograr dicho objetivo.
En este sentido, en diciembre pasado coorganizamos, junto con el gobierno de Baja California, el foro de reflexión intitulado Estado y sociedad, hacia un nuevo sistema penitenciario, que se verificó en la ciudad de Tijuana y contó con la participación de representantes del sistema de justicia penal del gobierno de Baja California, RENACE; de la Internacional and Prision Association; de la American Correccional Association (ACA), capítulo México; de la Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones en América Latina (ICPALA); del titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua, y del Director General Técnico de la Oficina del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, cuyo propósito fue compilar las experiencias exitosas que existen en México y el mundo para impulsar el saneamiento y eficaz operación de los sistemas carcelarios y estar en condiciones de proponer medidas concretas que faciliten impulsar la reforma penitenciaria en el país.
Asimismo, convocamos a un grupo de expertos operadores y académicos penitenciaristas de Baja California, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Puebla y Distrito Federal, entre otros, para generar una propuesta para una nueva Ley de Ejecución Penal. En este mismo sentido invitamos tanto al Poder Ejecutivo federal como al Legislativo para que se discuta públicamente el tema. Fue así que la Comisión de Justicia del Senado de la República convocó a una audiencia pública para hacer del conocimiento de los senadores las observaciones que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas sobre la iniciativa de Ley de Ejecución Penal que tienen en sus manos y que constituye una parte fundamental para la operación integral del nuevo sistema de justicia penal.
El objetivo es lograr que, mediante su aplicación, se haga posible que el debido proceso no se agote al emitir el dictamen de sentencia a las personas que resulten responsables de la comisión de un delito, permitiendo que los jueces encargados de la ejecución penal cuenten con facultades para verificar que en la imposición de sentencia se garantice el derecho a la justicia de manera expedita y transparente, se respeten los derechos de las personas que cumplirán con una condena y que las condiciones de vida que privan en los centros de reclusión no atenten contra la dignidad humana. Mecanismos todos ellos que, sin lugar a dudas, contribuirán a eficientar la operación de todo el sistema de justicia penal y a descongestionar el sistema penitenciario.
La propia reforma integral supone, simultáneamente, revisar las políticas de prevención y persecución del delito, contar (quizás por primera vez) con una plena gobernabilidad sobre los penales; erradicar la impunidad, privilegios y corrupción que han propiciado el fracaso de las políticas de readaptación y reinserción social permitiendo que se reproduzcan las prácticas delictivas desde su interior, pues es dominio público que desde mucho recintos carcelarios se cometen una buena parte de los delitos de extorsión (60% de ellas salen desde los penales) y secuestro (3 de cada 10 se planea desde el interior de los penales), entre otros.
De ese tamaño es la tarea que nos hemos propuesto impulsar durante este año, con la firme convicción de participar, desde México SOS y sus equipos de especialistas y operarios, en el diseño y aprobación de la mejores leyes en nuestro país para transformar positivamente ese mal de males en que se han convertido las cárceles que existen en nuestro país.
Por: Alejandro Martí
Fecha de Publicación: 18 de febrero del 2015
Fuente: Animal Político
