Después de año y medio de haberse aprobado las reformas en materia de geolocalización, los ciudadanos contamos con muy poca información sobre la eficacia de estas reformas en términos de rescate y atención de víctimas de secuestro, aprehensión de delincuentes o desarticulación de bandas delictivas.

En días recientes por los medios de comunicación nos hemos enterado de una nueva modalidad de delito denominada “secuestro virtual”, que simula la realización de un secuestro real y que ya se venía presentado en otros países de la región. La dinámica es relativamente sencilla: los delincuentes contactan al “supuesto secuestrado” haciéndose pasar por policías para decirles que su vida corre peligro o que puede ser víctima de un delito, le piden trasladarse a un hotel para resguardarse, no realizar ni recibir llamadas, además de comprar un celular para mantener el contacto con ellos. Una vez aislado el “supuesto secuestrado” los delincuentes contactan a la familia para solicitar el rescate.

Si bien este delito pone en evidencia la falta de información de las víctimas para reaccionar ante una llamada de este tipo, debido a que muchas de ellas han sido extranjeros o menores de edad que no están “habituados” a convivir con este tipo de delitos, lo más grave es que las llamadas telefónicas y la operación de este tipo de delitos se coordina desde una cárcel.

En abril de 2012 entraron en vigor las reformas en materia de geolocalización. Entre sus objetivos destacan fortalecer las herramientas de investigación del Estado para ubicar geográficamente el lugar donde los extorsionadores o secuestradores realizan sus llamadas telefónicas y, con ello, poder rescatar a las víctimas y capturar a los delincuentes; obligar a las empresas a tener dispositivos de localización georreferencial para identificar el lugar de donde salen las llamadas de amenazas; bloquear de forma inmediata los equipos reportados como robados o extraviados para ser usados con fines delictivos, así como cortar las señales de celular al interior de los penales para eliminar las llamadas de extorsión y los canales de comunicación de las redes delincuenciales.

En su momento estas reformas fueron recibidas con mucho entusiasmo porque obligan a las autoridades y a las empresas de telefonía a trabajar de manera coordinada en la identificación y localización de teléfonos asociados con investigaciones relacionadas con el crimen organizado, narcotráfico, secuestro, extorsión y amenazas.

Estoy convencido de que en el combate a la delincuencia organizada es fundamental utilizar las plataformas tecnológicas porque agilizan los trabajos de investigación y mejoran la capacidad de respuesta del Estado. De ahí que la tecnología sea un componente indispensable de cualquier política de seguridad pública, desde las acciones de prevención, hasta la integración de pruebas que permiten identificar a los delincuentes y su modo de operar.

En este contexto, después de año y medio de haberse aprobado las reformas en materia de geolocalización, los ciudadanos contamos con muy poca información sobre la eficacia de estas reformas en términos de rescate y atención de víctimas de secuestro, aprehensión de delincuentes o desarticulación de bandas delictivas. También desconocemos los problemas técnicos o de corrupción que han impedido bloquear las señales de celular en los penales; tampoco sabemos qué tan eficiente ha sido la coordinación entre autoridades y las empresas de telefonía para lograr los objetivos trazados por estas reformas.

Sin entrar en el debate de la metodología y de los indicadores utilizados para medir el comportamiento y la incidencia delictiva del secuestro y la extorsión, es un hecho que las condiciones de inseguridad que justificaron la aprobación de las reformas en materia de geolocalización son prácticamente las mismas. Hoy, mientras usted lee este artículo, es muy probable que desde un penal una red delincuencial esté detrás de un teléfono celular realizando una llamada para extorsionar o para negociar la liberación de un secuestrado.

Ante esta situación es importante reposicionar el tema de la geolocalización y el bloqueo de señales de celular en los penales dentro de la agenda de seguridad pública. Tenemos las herramientas tecnológicas para combatir al crimen organizado, ¡usémoslas!

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 16 de octubre del 2013

Fuente: Animal Político