No basta con destinar más recursos, aprobar leyes o firmar tratados de cooperación con otros países; tenemos que concentrarnos en profesionalizar y dignificar el primer eslabón del sistema de procuración e impartición de justicia: los cuerpos policiales.

En mi corta carrera como activista social he conocido verdaderos funcionarios ejemplares y comprometidos por transformar a México en un país mejor. Desgraciadamente, también he conocido funcionarios que nadan de muertito, que se la pasan en la “grilla” o que sólo actúan cuando hay dinero o intereses políticos de por medio.

Tenemos un Estado inmerso en lo inmediato, con pocos incentivos y herramientas para combatir el crimen organizado. No hay oportunidad real de planear; se actúa con lo que se tiene. En un principio se pensó que la policía federal podría atender la crisis, luego entró el Ejército y en los últimos años la Marina, casi siempre apagando incendios. Además, cuando en una entidad federativa se logra cierto control sobre el crimen organizado, de forma simultánea se deben fortalecer a los estados vecinos para reducir el impacto del efecto cucaracha.

En este contexto, no queda claro a quién combatimos, cómo lo hacemos y cuál es el efecto real de cada golpe asestado al crimen organizado. En contraparte, los delincuentes conocen bien a nuestras fuerzas de seguridad, pues muchos de ellos son expolicías o exmilitares; tienen recursos suficientes para adquirir armas, financiar células delictivas y comprar lealtades al interior de las instituciones públicas.

Si bien el Estado invierte muchos esfuerzos institucionales en resolver los causas y efectos de la inseguridad y la incidencia delictiva, no basta con destinar más recursos, aprobar leyes o firmar tratados de cooperación con otros países; tenemos que concentrarnos en profesionalizar y dignificar el primer eslabón del sistema de procuración e impartición de justicia: los cuerpos policiales. En la medida en que logremos este objetivo obtendremos mejores herramientas para prevenir los delitos y, a la vez, hacer más eficaz nuestro sistema de justicia penal.

El año pasado, cuando varias organizaciones sociales le propusimos al gobierno suscribir la “Agenda 12.18”, uno de los temas principales para garantizar las condiciones mínimas de seguridad ciudadana fue precisamente la depuración de los cuerpos policiales, en especial, la transformación de la policía preventiva en una policía de proximidad. El pasado martes 27 de agosto, durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de la República dio a conocer el decálogo de acciones que definirá las políticas de seguridad y justicia de su gobierno.

Casi todas las propuestas planteadas por el Presidente coinciden con las acciones definidas en la “Agenda 12.18” y con varios proyectos impulsados desde la sociedad civil. Como integrante ciudadano de este Consejo estoy convencido que debemos seleccionar muy bien las prioridades en materia de seguridad; por ello, concentraré mis esfuerzos para darle seguimiento al tema de la profesionalización y homologación de los cuerpos policiales. Reconoceré los avances cuando los haya, pero también denunciaré públicamente los obstáculos o retrocesos que se presenten en el camino.

Estoy convencido que este tema debe ser uno de los ejes prioritarios del gobierno federal, pero de forma particular de los gobiernos locales, porque son ellos quienes tienen un contacto más directo con la gente y son los principales responsables de darnos seguridad en nuestras colonias, nuestros parques y nuestros hogares.

Entre más nos tardemos en homologar y profesionalizar a nuestros policías, más nos tardaremos en vencer al monstruo de la inseguridad. Entre más nos tardemos en que la policía tome el control de las colonias o regiones con mayor incidencia delictiva, seguiremos teniendo al Ejército en las calles y a los grupos de autodefensa asumiendo uno de los roles fundamentales del Estado: garantizar la seguridad pública de sus gobernados y ejercer el monopolio de la fuerza pública.

Es el momento para exigir a las autoridades definir de manera clara el cómo y cuándo tendremos cuerpos policiales bien capacitados y equipados, con las mismas prestaciones salariales en todo el país, con las garantías laborales mínimas de seguridad social y formación profesional, que incentiven su permanencia en el trabajo.

Si no logramos abatir de manera significativa la impunidad y la corrupción difícilmente podremos darle un mejor futuro a las nuevas generaciones. Si no logramos tener mejores cuerpos policiales, los criminales seguirán en las calles.

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 4 de septiembre del 2013

Fuente: Animal Político