En el caso del secuestro de mi hijo Fernando todavía hay muchos cabos sueltos y varios procesos pendientes, la mayoría de ellos bajo la incertidumbre de que los culpables salgan libres o les reduzcan las penas.

En un régimen democrático, lo que las víctimas de las atrocidades cometidas por el crimen organizado y sus brazos operadores esperamos de las autoridades son dos cosas fundamentales: por una parte, que los victimarios sean procesados y sentenciados por un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz y oportuna, que limite al máximo la impunidad y la corrupción; por otra, una reparación del daño conforme a los derechos que ahora ya le son concedidos en la legislación.

Hace 5 años tuve la desgracia de vivir en carne propia la experiencia más traumática que puede sufrir un padre: perder a un hijo. Esto en sí mismo ya es muy difícil de superar para cualquier persona, pero cuando la muerte de un ser tan amado se presenta en un entorno marcado por el secuestro, la violencia y la impunidad, el trauma y el dolor son indescriptibles.

Desgraciadamente en los más de 4 años que he tenido que padecer los vicios y deficiencias del sistema de justicia penal no he podido perder mi capacidad de asombro ante las “chicanadas” legales que proponen los abogados defensores.

En el caso del secuestro de mi hijo Fernando todavía hay muchos cabos sueltos y varios procesos pendientes, la mayoría de ellos bajo la incertidumbre de que los culpables salgan libres o les reduzcan las penas ya sea por deficiencias en la integración del expediente, porque hay contradicciones entre las pruebas, por errores en las actuaciones judiciales, o bien porque las estrategias legaloides impulsadas por los abogados defensores privados o de oficio logran posponer la resolución final del caso, siempre buscando una “estrategia de forma” para liberar a los criminales.

De los 21 delincuentes involucrados en este secuestro 19 están detenidos y 2 continúan prófugos. Sin embargo, para alguien que conoce el caso resulta sorprendente que con pruebas tan contundentes como las redes de vínculos obtenidas de sus celulares, la obtención de huellas digitales, las pruebas de ADN o las declaraciones testimoniales donde confiesan conocerse y que demuestran claramente la relación cercana entre todos los integrantes de la banda, ahora resulta que a dos años y medio de iniciado el juicio, por recomendación de los abogados de oficio, estas personas soliciten al juez el careo entre ellas con el objetivo de negar los hechos y, lo que es peor, negar que se conocen para de esta forma seguir alargando el proceso y buscar la oportunidad jurídica para que salgan impunes. Ello sin mencionar el costo económico que le representa esta estrategia a los contribuyentes, quienes al final somos los que financiamos la ineficiencia e ineficacia del sistema penal.

Lo irónico de esto es que con nuestros impuestos pagamos a abogados de oficio que sin ética alguna defienden a criminales (que por cierto no pagan impuestos); que con acciones “legaloides” ayudan a quienes secuestraron y asesinaron a nuestros hijos. Confieso que me produce una gran insatisfacción y tristeza escuchar cuando amablemente el Ministerio Público o mi abogado me dicen: “no te preocupes, los abogados de oficio siempre proponen la misma estrategia jurídica”.

Frente a ello, no pienso bajar la cabeza ni conformarme. Estoy convencido de que, en el marco de todas las reformas propuestas en el Pacto por México y muchas de las iniciativas legislativas que ya han sido presentadas al Congreso, se deben introducir mecanismos de certificación y evaluación permanente de todos los que de una forma participan en el proceso penal. Tal vez no sea un experto en temas jurídicos, pero creo que ese es el camino que debemos tomar.

Si resolvemos este eslabón de la cadena judicial, seguramente muchos de los recursos desperdiciados como consecuencia de las “estrategias jurídicas” propuestas por los abogados se podrán destinar a otras causas prioritarias como la educación, la salud, la cultura o el deporte.

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 26 de junio del 2013

Fuente: Animal Político