La sobrepoblación que padecen los centros penitenciarios en México es uno de los problemas más inquietantes del sistema de justicia penal, pues de él se derivan muchas de las causas que detonaron su crisis actual; dando cuenta con ello del enorme reto que enfrenta para frenar los altos índices delictivos y propiciar la reincorporación de los internos a la vida social y productiva, una vez que hayan cumplido sus condenas.

A partir de los datos ofrecidos por diversos estudios, sabemos que éste fenómeno se derivó del crecimiento de la delincuencia, la ampliación de las penas establecidas en los códigos penales, el uso desmedido de la prisión preventiva ¾que impide a quienes han cometido delitos considerados no gravosos y a presuntos infractores enfrentar su proceso en libertad¾, a las precarias políticas públicas para la prevención social de la delincuencia y la aún desdibujada implementación de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos judiciales.

Lo que se ha traducido en un grave obstáculo para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios, afectando las condiciones de vida de su población e incrementado los costos humanos, sociales y económicos que debe realizar la sociedad mexicana para prevenir, contener y abatir el fenómeno delictivo.

El efecto social y el impacto financiero significan una fuerte carga para el país, como se advierte en el gasto público que se invierte en la manutención y procesamiento de los internos y procesados por diversos delitos.

Por ejemplo, en 2012 el investigador y académico Guillermo Zepeda dio a conocer que la manutención por interno (alimentos, medicinas, energía eléctrica, uniformes, mantenimiento, salarios e indumentaria del personal de custodia, etcétera), tenía un costo aproximado de 140 pesos al día; en tanto que cada una de las investigaciones durante el proceso penal costaba 4 mil 330; el de cada juicio era de 14 mil 500 y la defensa pública y el trabajo social de 541 pesos con 83 centavos (tomando en cuenta que el 50% de los internos procesados tenía un defensor público).

De acuerdo con sus estimaciones, en junio de 2012 el costo diario por manutención de la población penitenciaria nacional ascendió a 33 millones y medio de pesos diarios o 12 mil millones de pesos anuales. Tomando en consideración que la población penitenciaria de ese año era de 237 mil 580 internos.

Situación que parece no haber sufrido grandes cambios al paso de estos últimos años, como se evidencia con los datos dados a conocer por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que en días pasados informó que durante el presente año la inversión para alimentar a los internos de las cárceles de la ciudad sería de cerca de 660 millones de pesos, y que para 2016 se estima será de 680 millones de pesos más. Cifra que asciende a mil 980 millones de pesos, con cargo a las finanzas de la ciudad capital.

Los datos aquí señalados, son sólo un referente para visualizar las dimensiones de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario nacional y la urgente necesidad que existe de impulsar una reforma integral que ponga fin a los altos índices de violencia, tráfico de drogas, falta de provisión de servicios básicos a los internos, cobro de cuotas, actividades delictivas intramuros, asesinatos y adicciones, que se vive en un importante número de los llamados centros de readaptación social, federales y estatales del país.

Para transformar esta situación de raíz, no basta con implementar mediadas casuales, que atiendan la circunstancia del momento, sino que se requiere acciones concretas mediante una estrategia integral, de alcance nacional, que permita revertir la crisis actual y dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales en la materia, que se derivaron de la reforma al sistema de justicia penal y seguridad pública en 2008. En México SOS, estamos trabajando para integra una propuesta que pronto daremos a conocer.

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http://ciudadanosenred.com.mx/infopractica/destinan-presupuesto-millonario-para-alimentacion-de-presos/